21/11/2011 Asamblea Legislativa/Diputados de PLN avandonaron el plenario y por lo tanto no hubo quorum 
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Diana Mendez

Una megacomisión contra los corruptos

Edgar Fonseca, editor

El terremoto público que ha provocado la investigación legislativa del “cementazo” debería dejar una huella más profunda en nuestro andamiaje institucional. De lo contrario, el país estará pronto abocado a otras averiguaciones sobre casos similares y con daño irreparable a bienes y recursos públicos.

La labor de la comisión legislativa no debería cesar, de súbito, con un informe y la recomendación de sanciones políticas y judiciales a todos los implicados y la debida propuesta de reformas institucionales para neutralizar los desmanes que han surgido en entidades tan neurálgicas como los bancos del Estado.

Las gravísimas revelaciones que, un día y otro, estremecen  a la opinión pública con el festinado manejo de instituciones y recursos públicos, deberían servir para activar de manera permanente la labor de una comisión legislativa  de control a todo este tipo de manoseos.

El severo golpe perpetrado bajo esta administración a la confianza y credibilidad pública en un banco estatal, al punto de tener presos a varios de sus ejecutivos, destituidos sus principales directivos, y tambaleantes y hacia la baja las calificaciones internacionales de su estabilidad, gobernanza y transparencia, deberían servir de aguijón para no echar por la borda el trabajo de meses de una comisión y dar por un hecho que la enfermedad está controlada.

La vulnerabilidad de instituciones, como el banco de marras, al tráfico de influencias, a las malsanas apetencias de particulares que se dan el lujo de llenar sus cofres con fondos estatales, está latente en otras entidades públicas.

Lo que ha trascendido de un segundo banco estatal regional, al que este gobierno le puso candado poco antes, destapa alegadas irregularidades en la concesión de créditos, que le dejaron en coma. Esto debería ser investigado de inmediato para que no quede impune.

Ni que quede impune el multimillonario saqueo denunciado en los fondos del cooperativismo, en donde las autoridades judiciales descubrieron una red incrustada, administración tras administración, manejando a su antojo recursos públicos sin ningún control.

Todos los implicados en esos y otros casos, calientes aún en la retina pública, deben ser llamados a rendir cuentas. “Caiga quien caiga”, como dice un candidato.

La tarea, como ha quedado claro con el “cementazo”, debe ejecutarse de manera simultánea y colaborativa entre poderes.

Debería dotarse a esa megacomisión investigadora, no importa la administración de turno, de mayores recursos y poderes, y, sobre todo, de una notable asesoría técnico-jurídica. En ella deberían intervenir las mentes más lúcidas  y preparadas que lleguen al parlamento. No los diputados más folclóricos, gritones o biliosos.

Algunas de las  recientes comparecencias dan pena ajena, dado el comportamiento abusivo e irresponsable por parte de diputados que confunden su indagatorias con un circo, ignoran fundamentos legales y alimentan, de paso, el desprestigio que buscan, no pocos, contra una misión tan grave y delicada como la que se les ha encomendado.

Fortalecer ese  foro permanente de control es clave en el saneamiento institucional dada la amenaza y los tentáculos de los corruptores y sus cómplices.

Punto final-Una comisión activa contra la corrupción podría servirle, quizá,  a cualquier gobierno para detectar casos como el “cementazo” que se paseó, como el “elefante de Londres”, por todos los pasillos oficiales y nadie lo vio…

 



Periodista, Costa Rica. Máster en Periodismo, Universidad de Missouri - Columbia. Editor: puroperiodismo.com


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