Edgar Fonseca, editor
El Tribunal Penal de Hacienda ratificó esta mañana de viernes los tres meses de prisión preventiva dictados contra los siete detenidos por el escándalo del “cementazo”, entre ellos el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, el gerente suspendido del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea y otros cinco ejecutivos bancarios.
La decisión fue anunciada por el Poder Judicial. El juez Hugo Porter tuvo a su cargo el análisis de este caso y lo resolvió mediante el voto 421-2017.
Los abogados defensores de los siete presos habían apelado la prisión preventiva dictada por un jueza de turno extraordinaria.
“Se confirma prisión preventiva contra directivos bancarios del Banco de Costa Rica y contra empresario apellido Bolaños. Tribunal Penal de Hacienda notificó hace unos minutos la resolución”, dijo el Poder Judicial.
La decisión fue comunicada a 15 días de haber sido detenidos Bolaños, Barrantes y demás ejecutivos en fulminantes operativos de la Fiscalía y del OIJ.
El escándalo del “cementazo” reventó en la cúpula de consejeros clave del presidente Luis Guillermo Solís, y se propagó a otros partidos y al Poder Judicial.
Una comisión legislativa investiga dos operaciones de crédito por $30 millones otorgadas a la empresa Sinocem, vinculada al importador Bolaños.
Los tres meses de prisión preventiva los dictó el juzgado extraordinario luego que la Fiscalía solicitara seis meses contra los detenidos y alegó como una razón fundamental el riesgo de fuga de todos ellos.
“Tribunal da razón a #FiscalíaCR y confirma prisión preventiva contra JC Bolaños, gerente suspendido del BCR y otros 5 funcionarios del mismo banco. Investigación continúa”, dijo esta mañana un post de la Fiscalía General.
Riesgo de fuga
Al pedir los seis meses de prisión preventiva, la Fiscalía ratificó el peligro de fuga, la magnitud del daño institucional causado y la alta pena a la que eventualmente se exponen.
En el caso del empresario Bolaños, la Fiscalía dijo:
- Imputado Bolaños: Peligro de fuga, falta de arraigo laboral, y otros aspectos como la magnitud del daño causado por la afectación a la institucionalidad del país, y la posible pena a imponer ante un eventual juicio, ya que el peculado tiene una sanción máxima de 12 años de prisión.
- Imputados Barrenechea, Corrales, Víquez, Acuña, Ramírez y Barrantes: Peligro de fuga, ya que sus condiciones económicas facilitan sus salidas del país, así como la alta pena a imponer, la magnitud del daño causado, por afectación a la institucionalidad del país, ya que son altos jerarcas de un banco estatal de renombre y trascendencia. Además, peligro de obstaculización, por tratarse de personas con alto poder y jerarquía dentro de la institución, lo que permitiría que pudieran influir para que personal subalterno no preste colaboración a las autoridades o, de ser requeridos, puedan desaparecer prueba para el caso.