Edgar Fonseca, editor
¿Está enterada la Fiscalía General de los desplazamientos fuera de prisión de los principales implicados en el mayor escándalo político-institucional de tiempos recientes?
¿Coordinan con precisión la vigilancia y seguridad de esos desplazamientos con las autoridades penitenciarias?
¿Intervienen agentes judiciales y de la Fiscalía –por meras razones preventivas– las clínicas privadas donde se alojan, un día y otro, dichos detenidos?
Porque fue la Fiscalía General la que advirtió peligro de fuga de cualquiera de ellos, cuando demandó en su contra seis meses de prisión preventiva.
Pero trascienden las súbitas salidas, por alegadas razones de salud, de al menos dos de los detenidos.
Llama la atención que sea tras la misteriosa visita de dos sujetos a una clínica, donde se aloja uno de los involucrados en el escándalo, haciéndose pasar como “empleados suyos”, se ordena una investigación.
Se ordena, “a posteriori”, lo que en el argot policial se conoce como una “inteligencia”.
¿Pero qué pasa si hubiese ocurrido un incidente mayor?
Porque no se trata de cualquier detenido. Se trata de gente implicada por la Fiscalía General en un escándalo que ha sacudido a todo el país.
Un escándalo que estalló en lo más alto de la Casa Presidencial.
Que se extendió como polvorín al resto de partidos  y que desgarró al Poder Judicial.
Y la Fiscalía, en una oleada de decisiones fulminantes, ha consumado allanamientos y detenciones, que han estremecido a la opinión pública.
No estamos, en fin, ante cualquier hecho de menor implicación.
La Fiscalía justificó sus razones para demandar la prisión preventiva del principal implicado por “peligro de fuga, falta de arraigo laboral, y otros aspectos como la magnitud del daño causado por la afectación a la institucionalidad del país, y la posible pena a imponer ante un eventual juicio, ya que el peculado tiene una sanción máxima de 12 años de prisión”.
Y de los demás detenidos, también previno el “peligro de fuga, ya que sus condiciones económicas facilitan sus salidas del país, así como la alta pena a imponer, la magnitud del daño causado, por afectación a la institucionalidad del país, ya que son altos jerarcas de un banco estatal de renombre y trascendencia. Además, peligro de obstaculización, por tratarse de personas con alto poder y jerarquía dentro de la institución, lo que permitiría que pudieran influir para que personal subalterno no preste colaboración a las autoridades o, de ser requeridos, puedan desaparecer prueba para el caso”.
Por eso salta la duda, ¿está enterada la Fiscalía de estos desplazamientos fuera de prisión de algunos de ellos?
¿Qué participación tienen los médicos forenses en las autorizaciones o permisos de los tratamiento concedidos?
¿Por qué un juez se niega a autorizar una salida de presidio de uno de ellos y deja, tan grave decisión, bajo responsabilidad de las autoridades penitenciarias?
Estas y otras interrogantes cunden en el ambiente, a pesar del jolgorio de fin de año, del tope y del carnaval…