Edgar Fonseca, editor

La exfiscala general Emilia Navas se jubiló con una pensión de ¢6,3 millones (monto bruto mensual), informó este miércoles el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

El informe del acuerdo de la Junta Administrativa de dicho fondo fue hecho llegar, ante consulta de PuroPeriodismo, a las 4:29 p.m. de esta tarde de miércoles.

Fue aprobado en la sesión N°. 32-2021, art. VII del 04 de agosto de 2021.

Cita: “Por unanimidad, se acordó: 1.) Aprobar los cálculos de la jubilación de la máster Emilia Navas Aparicio, en su condición de Fiscala General de la República, cuya asignación mensual bruta será de ¢ 6,310,040.14 (seis millones trescientos diez mil cuarenta colones con catorce céntimos) menos las deducciones de Ley correspondientes. 2.) Asimismo, se previene a la máster Emilia Navas Aparicio, que debe señalar un medio personal para recibir notificaciones ante la Dirección del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, con la advertencia que de no hacerlo, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales.3.) Hacer este acuerdo de conocimiento del Consejo Superior., cita el reporte enviado.

Destaca que Navas se jubila con las condiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior, es decir Ley N°. 7333 por cuanto contaba con más de 30 años de servicio dentro del transitorio VI de la Ley N°. 9544, donde se establece un periodo de 18 meses para que los funcionarios activos que cumplan con los requisitos para adquirir el derecho jubilatorio, lo consoliden con las condiciones de la anterior ley.

También consigna que, conforme a votos de la Sala Constitucional, la información del nombre del beneficiario y monto bruto de asignación, constituyen información catalogada como de “interés público y que existe la obligación de proveer dicha información”. (ver resolución N°. 2021013200).

Deducciones que aplican

El Poder Judicial informó anoche de los porcentajes de deducciones que aplican a los montos brutos a todas las personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial. 


En los acuerdos lo que se consigna son los montos brutos sin deducciones de ley, mencionó Sandra Castro, portavoz oficial en un mensaje enviado a los medios a las 9:38 p.m. 

Detalló las deducciones:


-13.00% Aporte Obrero al FJPPJ

-0.50% Comisión de Administración JUNAFO

-5.00% Seguro de Enfermedad y Maternidad

-¢ 3,000 Fondo de Socorro Mutuo

Tabla vigente – Impuesto Sobre la Renta, según los topes definidos por el Ministerio de Hacienda.

Tabla vigente – Contribución Solidaria, según los niveles definidos por Ley N°. 9544 y Ley N°. 9796.

Salida bajo fuerte presión

Navas se retiró de su cargo el 29 de junio tras fuerte presión de diputados y sindicatos judiciales que censuraron sus inhibitorias en polémicos casos penales elevados a la Fiscalía General.

El caso más controversial fue el denominado escándalo Cochinilla, en que la Fiscalía y el OIJ investigan supuestos daños al Estado por ¢28 mil millones con contrataciones de obra pública.

Por este caso, el mayor escándalo reciente en la gestión de recursos públicos, hay al menos 30 personas acusadas; dos de ellas, los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís de las firmas MECO y H Solís, respectivamente, del sector construcción de obra pública, permanecen bajo prisión preventiva de cuatro meses.

El caso estalló el lunes 14 de junio tras tres años de investigación que culminaron con 57 allanamientos, uno de ellos en el despacho de un asesor del presidente Carlos Alvarado, y 30 detenciones.

OIJ y Fiscalía denunciaron en dicho caso una supuesta red de sobornos y dádivas en los trámites de contratos de obras públicas con el CONAVI como epicentro.

Navas se inhibió debido a su parentesco con el abogado Francisco Campos, quien es su esposo, y figura como defensor de varios de los imputados en la causa.

La Corte Plena desechó investigar las inhibitorias de Navas, seis en total, según dijo a este editor el magistrado presidente Fernando Cruz, y pidió a la auditoría interna abrir un proceso por el reporte final de labores que la exfiscala para determinar si se ajustó a los requisitos legales pertinentes.