Edgar Fonseca, editor/Google Images con fines ilustrativos
El OIJ reveló este jueves que desde la terminal de un usuario del hospital Max Peralta, Cartago, borraron al menos 300 correos de uno de los ocho imputados en el caso del presunto sobreprecio por ¢12.400 millones anuales que investigan en un contrato con cuatro cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis durante 10 años.
Por este caso fue detenida y figura como investigada Marta Esquivel, presidenta ejecutiva CCSS, pieza clave del gobierno del presidente Rodrigo Chaves en el sector salud; la gerente general interina, María de los Ángeles Gutiérrez, cuatro directivos y dos exdirectivos.
Todos quedaron libres el martes 24, tras permanecer 36 horas en celdas judiciales, a la espera de medidas cautelares aún no fijadas.
Fueron arrestados a primera hora del lunes 23 tras 28 allanamientos practicados por Fiscalía y OIJ en distintos sitios, residencias, empresas y la CCSS en el mayor caso de investigación del manejo de fondos públicos que enfrenta el gobierno de Chaves, el peor en dos décadas.
“Desearía poder darles declaraciones pero como ustedes entienden estamos en un proceso y hay que respetarlo”, dijo Esquivel al ingresar a tribunales, Goicoechea, a la audiencia de medidas cautelares, la mañana de este jueves.
“Es respeto al Poder Judicial y les prometo que apenas esto termine estoy deseando dar declaraciones”, añadió.
“Si tengo que hacerlo uno por uno lo voy a hacer, apenas esto termine con mucho gusto hablamos”, agregó.
Borraron centenares de correos
“El día 25 de setiembre alrededor de las 8:30 a .m., el Perito de la Sección Especializada de Cibercrimen, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (perteneciente a uno de los masculinos), generó errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que había 4 elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico”, confirmó el Organismo de Investigación Judicial.
“Se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas”, añadieron.
Según OIJ, se presume que una persona aprovechó ese momento para borrar la cantidad indicada de correos. La revisión interna de los IPs apunta a que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
“Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba como ya sucedió lamentablemente en este caso”, ratificó el comunicado oficial.
