Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía General elevó ayer ante Corte Plena la apertura de causa contra el presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Andrés Tinoco y la diputada Pilat Cisneros por el supuesto financiamiento irregular de la campaña electora 2022. Hay otros tres diputados acusados de apellidos: Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.
Se trata de la causa: 22-000116-1218-PE.
Según la Fiscalía, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral, destacó la Fiscalía.
Se trata de la segunda acusación elevada por la Fiscalía General ante Corte Plena contra Chaves.
La primera fue por el presunto delito de concusión en una investigación por el uso de $405 mil, fondos del BCIE, en una campaña de comunicación de la Casa Presidencial.
Las acusaciones se dan en medio de un fuerte enfrentamiento entre el presidente Chaves y el Fiscal General, Carlo Díaz.
El mandatario encabezó una marcha pública en contra del fiscal el 18 de marzo.
Adjunto comunicado de la Fiscalía General
FISCALÍA GENERAL PRESENTÓ ACUSACIÓN POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN CAMPAÑA DEL PPSD
- Órgano solicitó levantamiento de inmunidad y apertura a juicio para siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes.
23 de junio del 2025. La Fiscalía General de la República presentó esta mañana, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.
Los imputados son el presidente de la República, Chaves Robles; el primer vicepresidente, Brunner Neibig; el canciller, André Tinoco; y los diputados Cisneros Gallo, Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.
La acusación forma parte del expediente 22-000116-1218-PE y fue tramitada directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, conforme lo establece la normativa vigente en casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes con inmunidad constitucional.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral.
El Código Electoral establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Según lo investigado, existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.
Ahora, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados, como lo establece el procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.
