Edgar Fonseca, editor
Han sido dos semanas devastadores para los efectos de la pantomima habitual en Zapote.
Devastadoras para la cuestionada y estéril estrategia de esta administración ante la arremetida de las mafias del crimen organizado, de los carteles transnacionales de drogas y de sus operadores locales.
Dos semanas en que no han podido desmentir con contundencia, firmeza ni transparencia, el grave contenido de un extracto del informe de la DEA que menciona el supuesto apoyo desde estamentos oficiales a operaciones del narcotráfico internacional.
La versión de dos agentes confidenciales norteamericanos en contacto con el exministro y exmagistrado, hoy preso bajo cargo de presunto trafico internacional de drogas, sigue intacta, sin ser refutada oficialmente.
“… les dijo a CS-1 y CS-2 que el gobierno concede a la DTO el acceso para que los cargamentos de cocaína ingresen al país, pero que la DTO controla cómo se introduce la cocaína a Costa Rica, así mismo, les dijo a CS-1 y a CS-2 que la recepción de la cocaína está 100 % garantizada”, cita el extracto de dicho informe, parte de la gestión de extradición entablada por EE.UU., divulgado por distintos medios nacionales.
La respuesta a tan explícita referencia, calificada por el exjuez y penalista Ewald Acuña como reveladora de “delitos gravísimos”, que ameritan inmediata investigación de la Fiscalía General, ha sido esquivada por el gobierno en estas dos semanas.
En Casa Presidencial les apremia negar nexo alguno con el exfuncionario caído en desgracia, cuando escudriñar cualquier contacto es una tarea a la que se abocarán los agentes estadounidenses y locales a partir de las evidencias e indicios que recojan, entre ellas el temido celular del imputado.
Contra las cuerdas en un tema tan sensible para las relaciones bilaterales, el gobierno se enconchó. Vulnerable. A la defensiva.
No solo no desmiente los graves hechos revelados sino que anda muy interesado en superar el trance con el menor daño colateral electoral…
Siguen con la pirotecnia que le ha caracterizado a lo largo de estos tres años y que, en materia de seguridad pública, tiene al país al borde del abismo.
Esa pirotecnia que les llevó a la ridícula promesa que de aquí no saldría un gramo más de cocaína.
O, al capricho de torpedear el esfuerzo interpoderes para frenar la incontenible ola de criminalidad.
El demoledor informe DEA debería servirles para que, aunque ya contra el tiempo y con la credibilidad hecha trizas, apliquen cirugía mayor en una estrategia puesta al desnudo y con la que ningún gobierno ni organismo cooperante difícilmente confiará más a ciegas.
P.D.-Con la gestión de extradición, EE.UU. le tiende al país una tabla de salvación en la guerra desigual que hoy libra ante el narcoterrorismo, sin ejército, sin estado de sitio, ni 100 mil presos como Bukele.
Se trata de un paso clave de una nación amiga en hacer valer una novel y crucial reforma constitucional.
Colombia la ejecutó a sangre y fuego, en los años ochenta y noventa, y diezmó los carteles de Medellín y Cali.
Su eventual aplicación por los tribunales nacionales constituye un desafío mayúsculo de supervivencia institucional.
