Edgar Fonseca, editor
Una supuesta ventaja indebida en favor del exalcalde Johnny Araya es lo que la Fiscalía atribuye al exmagistrado, Celso Gamboa, requerido en extradición por EE.UU. por presunto cargo de tráfico internacional de drogas, y a la exfiscala subrogante, Berenice Smith.
Gamboa, Smith y Araya enfrentan la causa por supuesto tráfico de influencias a raíz de hechos investigados cuando en tercero aspiraba a su elección en la alcaldía capitalina.
El caso se remonta a una supuesta intervención de exmagistrado y la exfiscala subrogante en favor del exalcalde en 2016 para obtener un documento que descartaba causas penales pendientes contra el tercero.
La causa fue desestimada en 2021 pero el Tribunal de Apelaciones anuló la resolución y ordenó el nuevo juicio previsto para este martes.
El juicio continuó este martes con los alegados de rechazo de los acusados enjuiciados bajo la causa: 17-000039-0033-PE ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, Goicoechea.
El debate se realiza bajo estrictas medidas de seguridad en el edificio de tribunales de Goicochea, dada la condición de extraditable de Gamboa, detenido desde el 23 de junio ante gestión urgente de la embajada de Estados Unidos, por riesgo de fuga.
Ante gestión de la defensa, el tribunal aceptó restringir la toma de fotografías y grabación de voz del imputado Gamboa.
Un acto propio de sus funciones, propiamente responder y firmar un oficio
“Entre el 4 y el 5 de enero de 2016, en el edificio de tribunales del I Circuito Judicial de San José, propiamente en la oficina de la acusada Berenice Smith, fiscala adjunta de Probidad, se hizo presente el acusado Celso Gamboa, subjefe del Ministerio Público para ese momento, y en dicha condición, actuando de manera conjunta con Smith, ambos prevaleciéndose de sus cargos y para brindar una ventaja indebida al incriminado Johnny Araya (quien utilizaría el tráfico de influencias gestado en su favor, para presentar información falsa a la periodista de La Nación), influyeron en la fiscala auxiliar Natalia Rojas, para lo cual le ordenaron que en su calidad de fiscala instructora del expediente 12-000096-621-PE, hiciera un acto propio de sus funciones, propiamente responder y firmar un oficio, en respuesta a la nota presentada por el acusado Johnny Araya, oficio que debía confeccionar en el siguiente sentido: que no figuraba como imputado en la sumaria de cita y que el Sistema de Gestión no distinguía entre denunciado e imputado, por lo que se procedería a actualizar el sistema informático”, sostiene la Fiscalía.
“Adicionalmente, el acusado Celso Gamboa le ordenó a la fiscala Natalia Rojas, que el oficio de cita debía quedar listo y comunicado ese mismo día, pues él había conversado con el acusado Johnny Araya y le había manifestado que se le iba a dar respuesta ese mismo día”, añade la acusación.
Araya confía en absolutoria
“La expectativa que yo tengo, y mis abogados, es que vamos a obtener un resultado parecido, porque la verdad es que estamos esperando que la absolución sea por certeza. Realmente, los elementos que tenemos con relación a los hechos que se han investigado, la correlación que hay entre los hechos, nos muestran a nosotros que tenemos suficientes elementos para demostrar mi inocencia”, dijo el exalcalde Araya a los medios.
“Yo pienso que yo nunca debí haber llegado a este juicio al que he llegado. Existen sobrados elementos que no voy a entrar a detallar porque no he hecho mi declaración. Lo que sí puedo decir es que estamos muy tranquilos”, enfatizó.
“Yo, en lo personal, tengo la conciencia absolutamente tranquila y estoy seguro de que vamos a salir bien, de que va a haber absolutoria, porque no veo otro escenario posible con todos los argumentos que ya se dieron en el pasado y algunos nuevos que se agregan en este juicio”, aseveró.
En paralelo a trámite de extradición
El exmagistrado Gamboa, quien tuvo una meteórica carrera pública, pasó de fiscal general adjunto en 2015 a magistrado de la Sala III de Casación Penal en 2016, enfrenta este juicio en paralelo al trámite de extradición gestionado por la embajada de EE.UU.
Su nombramiento como magistrado fue revocado por la Asamblea Legislativa en abril 2018 en medio de serios cuestionamientos a su gestión, en particular por su estrecha relación con el empresario Juan Carlos Bolaños, acusado por el denominado escándalo del “cementazo”.
El 23 de junio anterior trascendió el pedido de extradición de EE.UU, en su contra por supuestamente formar parte de operaciones de cárteles internacionales de la droga en el país y otras seis naciones de Latinoamérica.
La acusación en su contra la tramita un tribunal de Texas y la dirige el fiscal federal jefe interino Jay R. Combs.
Gamboa es uno de los cuatro costarricenses bajo trámite de extradición con base una reciente reforma al artículo32 de la Constitución Política que la autoriza en nacionales en casos de narco y terrorismo.
