Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa
El fiscal general, Carlo Díaz, guardó silencio este viernes ante los diputados sobre la causa penal que se sigue contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión en el manejo de un fondo de $405 mil del BCIE para una campaña de imagen y comunicación presidencial.
“No me voy a referir al fondo del asunto, porque para mí si rige el tema del secreto que en este momento está la investigación”, advirtió Díaz ante los legisladores de la comisión que analiza el posible levantamiento de la inmunidad al mandatario como parte de un trámite que deberá resolver el plenario legislativo por mayoría calificada. Esa comisión deberá rendir un informe ante el plenario.
“No puedo exponer el fundamento de la acusación. Eso lo haré ante los tribunales”, ratificó el Fiscal General cuya comparecencia fue pública pese a que pidió que la declararan privada.
Díaz elevó la acusación contra Chaves ante Corte Plena el 7 de abril.
La Corte remitió el caso ante la Asamblea Legislativa para el eventual levantamiento de la inmunidad al mandatario el 28 de julio.
El presidente Chaves atacó en el cantón de Mora la comparecencia del fiscal Díaz.
“Es obvio por qué la quería privada. Si yo fuera ese señor, yo estaría con una vergüenza que no quisiera salir de la casa”, agregó el gobernante a nueve meses de acabar su periodo quien enfrenta una segunda acusación de la Fiscalía General por supuesta responsabilidad en un esquema de alegado financiamiento irregular de la anterior campaña electoral.
“Testigo de la corona“
Díaz defendió la decisión de designar “testigo de la corona” a Christian Bulgarelli, productor publicitario, coimputado en la causa contra Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien era titular de Comunicación al momento delos hechos investigados.
Como “testigo de la corona” a la persona encausada se le suspende el proceso sujeto a la colaboración que brinde a la Fiscalía General.
“En este caso –puntualizó Díaz– consideramos que hay una persona que tiene responsabilidad penal en los hechos, pero de alguna manera, con su colaboración, y con menos responsabilidad que las otras personas que pueden ser acusadas, sirve eficazmente en la investigación”
“Difícilmente podríamos tener todo el panorama completo si alguna de estas personas no relata qué fue lo que sucedió”, añadió.
Cuestionado por el legislador gobiernista de por qué la designación de Bugarelli de “testigo de la corona”, no aparece en el expediente penal, Díaz respondió que no es necesario.
“No es necesario incluirlo. Eso lleva un trámite aparte”, aclaró.
Dijo que ya fue presentado al juzgado y está debidamente autorizado.
“Nosotros simplemente tenemos que ofrecer ese testimonio y ahí mismo se indica que esa persona cuenta con un criterio de oportunidad”, agregó el Fiscal General.
“El expediente es el 25-43-033PE y, como le digo, ya cuenta con una resolución por parte del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, donde se acoge el criterio de oportunidad y se suspende la acción penal contra esa persona”, ratificó.
Todo esto queda sujeto a que él cumpla con las condiciones del convenio que se firmó. Este convenio es privado
Ante Corte Plena
La Fiscalía General presentó este lunes 7 de abril una acusación en contra del presidente de la República, Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, por el delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, en el cual, la Fiscalía General investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.
Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato.
Criterio de oportunidad. En este expediente, la FG aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.
Adicionalmente, en contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
Fuente: Prensa Ministerio Público, Poder Judicial
