Edgar Fonseca, editor
El OIJ y la Fiscalía ejecutan la mañana de este jueves al menos seis allanamientos en oficinas de la CCSS y residencias particulares en el rastreo de evidencia de la supuesta desaparición de 300 correos ligados al caso Barrenador.
Dicho caso investiga supuestas anomalías con contrataciones de servicios cinco cooperativas para atender 138 Ebáis adscritos a la CCSS con un alegado sobreprecio de ¢12.400 millones anuales.
En el proceso figura como imputada la expresidenta CCSS, Marta Esquivel, exministra de Planificación y candidata a diputada del gobiernista PPSO por Heredia.
El presidente Rodrigo Chaves acusa a la Fiscalía de persecución en dicho caso.
La Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige seis allanamientos en casas ubicadas en Goicoechea, Mata de Plátano, Barrio México, Tarbaca, así como en el Centro Corporativo Internacional y en el Edificio Laureano Echandi (CCSS), se informó oficialmente.
Confirmaron que dentro de las personas investigadas se encuentra el hombre de apellidos Herrera Barquero, asesor de gerencia de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien en apariencia habría colaborado en la elaboración de un análisis que recomendó adjudicar la licitación a las COOPERATIVAS que presentaron ofertas con “precios excesivos”: además de este, se investiga a Villagra Obando yCéspedes López, técnicos en Tecnologías de la Información y Comunicación en la Gerencia Médica.
Informaron que las diligencias pretenden recolectar prueba de interés para el expediente 24-028102-0042-PE, por los presuntos delitos de favorecimiento real, sabotaje informático y facilitación del delito informático.
Los hechos investigados se relacionan con los allanamientos del caso “Barrenador”, dirigidos por la misma fiscalía el 23 de setiembre del 2024, fecha en la que se ingresó a 28 recintos del país, entre estos, la casa de habitación y oficina del imputado Herrera Barquero.
Se presume que, el sospechoso, a sabiendas de que su cuenta de correo electrónico institucional se encontraba deshabilitada por orden judicial, solicitó colaboración de los técnicos imputados, con la intención de modificar y destruir la información contenida en bases de datos de su correo, añade un comunicado de la Fiscalía.
La prueba que se decomise será analizada por el Organismo de Investigación Judicial.
