Edgar Fonseca, editor
El país entró este 1.º de enero en la recta final hacia las elecciones del domingo 1.º de febrero catalogadas por expertos como las más trascendentales de los últimos 70 años al estar en juego la estabilidad, permanencia y funcionalidad de su sistema democrático.
Están convocados 3.723.297 electores, según el padrón el Tribunal Supremo de Elecciones, con cierre al 31 de agosto anterior.
La convocatoria a elecciones presidenciales la hizo la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del TSE, el 1.º de octubre, tras meses de una intensa campaña de ataques por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, al órgano electoral y a sus jerarcas.
“Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal como juezas y jueces electorales, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos“, reaccionó la magistrada Zamora, el 30 de octubre, ante los inéditos ataques presidenciales a la institución electoral.
Acusó al mandatario que “está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo que no podemos permitir”.
Las fricciones se mantuvieron hasta el cierre de la gestión legislativa año luego que el TSE elevó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de levantamiento de inmunidad al gobernante por alegadas infracciones electorales. El pedido no prosperó ya que que no alcanzó mayoría calificada de 38 votos de respaldo. La resolución legislativa se dio el 15 de diciembre pasado.
En este tenso entorno, en la balanza en las urnas estará la decisión del electorado entre 20 aspirantes presidenciales.
La contienda la encabeza la candidata oficialista, Laura Fernández, con un 30% de respaldo. Le sigue un bloque de candidatos opositores: Álvaro Ramos, Liberación Nacional (PLN), 8%; Ariel Robles, Frente Amplio (FA), 5%; y Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), 4%, según el informe del 3 de diciembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Ruca (CIEP-UCR).
Está en juego la estabilidad, la permanencia, la funcionalidad de nuestra democracia
“Creo que está en juego la estabilidad, la permanencia, la funcionalidad de nuestra democracia”, advirtió el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri durante un conversatorio, el pasado 10 de diciembre, con otros dos panelistas y este editor sobre las implicaciones de la decisión electoral de febrero.
“Si hubiera un triunfo de la candidata oficialista y ella decidiera, junto con quienes la rodean, continuar por la ruta de confrontación, de erosión, de cooptación y de presiones sobre las instituciones y no solo sobre las instituciones sino sobre sectores no oficiales, como puede ser el empresariado costarricense, en primer lugar, que creo ha sido el más permeable a las presiones pues, podría haber ahí un deterioro muy, muy severo de nuestra democracia, de su funcionalidad, de su capacidad, de la capacidad, en este caso del gobierno, para atender aspiraciones fundamentales de la población e incluso que podría ponerse en riesgo el uso, el disfrute de libertades individuales, de las libertades cívicas, de libertades económicas, sociales y culturales que han caracterizado a nuestro país”, sentenció.
“Son las elecciones más importantes de la historia reciente de Costa Rica”, resaltó, por su parte, el exministro y exdiputado, Francisco Chacón, experto en negociaciones de comercio exterior, ex estratega de campañas del PLN hoy vinculado al PUSC, también participante en el conversatorio convocado por PuroPeriodismo.com.
Eduardo Ulibarri-Yo creo que hay en juego muchas cosas. Si uno se pone tal vez en un extremo de visión pesimista, pero fundada, creo que está en juego la estabilidad, la permanencia, la funcionalidad de nuestra democracia, en el sentido de que si hubiera un triunfo de la candidata oficialista y ella decidiera, junto con quienes la rodean, continuar por la ruta de confrontación, de erosión, de cooptación y de presiones sobre las instituciones y no solo sobre las instituciones sino sobre sectores no oficiales, como puede ser el empresariado costarricense, en primer lugar, que creo ha sido el más permeable a las presiones pues, podría haber ahí un deterioro muy, muy severo de nuestra democracia, de su funcionalidad, de su capacidad, de la capacidad, en este caso del gobierno, para atender aspiraciones fundamentales de la población e incluso que podría ponerse en riesgo el uso, el disfrute de libertades individuales, de las libertades cívicas, de libertades económicas, sociales y culturales que han caracterizado a nuestro país y se podría consolidar, también, un estilo de política centroamericanizado en el sentido de que los caudillos son los que deciden, las instituciones pasan a un segundo plano, el clientelismo se empodera de muchas decisiones, los poderes alternativos o los poderes más bien regulatorios, como puede ser, en primer lugar, el Poder Judicial, pero también en Costa Rica la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, las Superintendencias que velan por la estabilidad del sistema financiero, entre otras, también eso podría verse muy, muy afectado. Creo que en gran medida eso se juega. ¿En qué grado? Creo que dependerá mucho, primero, bueno, en primer lugar si triunfa la candidata oficialista, en segundo lugar de qué apoyo legislativo llegue a tener y qué capacidad de forjar alianzas en el congreso pueda tener para establecer ya cambios fundamentales no solo de legislación sino eventualmente cambios constitucionales, lo cual yo veo muy remoto pero es una posibilidad, y, también, dependerá obviamente del resto de la sociedad civil. Obviamente si no gana, pues creo que estaríamos en otro escenario, pero es un escenario que tampoco es muy sencillo, porque creo que el daño que el presidente Chaves y su gobierno le han hecho al sentido de lo público, a la cohesión social, a la civilidad en la discusión pública, al asumir que quienes piensan distinto a nosotros o quienes propugnan por prioridades distintas a las nuestras no son unos enemigos sinvergüenzas sino que son simplemente adversarios, eso ya ha calado mucho y quien quiera que llegue al gobierno tendrá por un lado, incluso, Laura Fernández, si es que ganara, tendrá, por un lado, que ver como repara todos los daños que se han hecho en estos cuatro años que muchos de ellos no han pasado plenamente la factura. Es una factura que le va a tocar asumir plenamente al próximo gobierno y, en segundo lugar, cómo tratar de devolver al país a una capacidad de interlocución entre sus principales actores no solo político sino también sociales, culturales, académicos, empresariales, comunitarios para poder abordar de una manera integral, de una manera coordinada y, por ende, eficaz, los grandes problemas del país y, además, los grandes problemas que Costa Rica enfrenta porque nos vienen de fuera. Creo que todo eso es lo que se está jugando en este proceso electoral.
Luis Antonio Sobrado, expresidente TSE, el peligro de la tentación autoritaria
“Los costarricenses tenemos que definir entre todos, aunque todos asumiremos las consecuencias, si persistimos en la ruta del populismo, que ha sido el trajinar del país en los últimos casi cuatro años, o, si bien, volvemos a una forma de gobernar plenamente apegado a las reglas democráticas con respeto a la separación de poderes, en donde las instituciones sean reconocidas y fortalecidas por toda la comunidad, en donde, también, las formas de expresarse en la dialéctica político-electoral vuelvan a tener algunos mínimos de decencia y de buen manejo respetuoso del adversario que es eso, adversario político, y no enemigo”, alertó el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, durante una entrevista con este editor el 4 de agosto, 2025.
“Caer en la tentación autoritaria, entregarle el poder a un mesías político puede ser algo atrayente y puede ser algo rápidamente concretable, pero el camino de regreso es mucho más complicado”, previno.
“Pueden ser décadas y una gran cantidad de vidas y personas desperdiciadas en medio de ese proceso. Yo creo que nuestro país ha dado los primeros pasos en esa agenda rumbo al autoritarismo y precisamente por ello la clave de la próxima elección no es solo quien ocupa el Ejecutivo sino, especialmente, si el movimiento político populista es capaz de controlar mayoría legislativa y, peor aún, 38 votos con lo cual es capaz de adaptar la Constitución a las necesidades del partido gobernante”, puntualizó.
Respuesta de la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ante los ataques del presidente Rodrigo Chaves
Señor Presidente:
Comienzo por manifestarle que no me es grato expresarle estas palabras. Ninguna persona al frente del Tribunal Supremo de Elecciones debió hacerlo en 76 años. Coincidieran o no con nuestras resoluciones, les diéramos la razón o no en sus tesis, todos los Presidentes y la Presidenta de la República que hemos tenido desde 1949 han respetado al Tribunal, conscientes de que se trata del órgano que, al certificar el resultado de las urnas, sustentaba la legitimidad de sus propios cargos y que deslegitimarlo era deslegitimar su mandato presidencial. Conscientes de que no tenemos otro mecanismo de resolución pacífica de la competencia por el poder político que el proceso electoral, por lo que difamarlo amenaza con dejarnos a los costarricenses sin alternativas a la violencia política que hace tanto superamos. Espero que comprenda que eso es algo que no podemos permitir.
Ahora bien, presentadas ya las candidaturas, el debate público nacional y el foco de atención no debe estar en usted, sino en las personas que aspiran a ser electas y en sus propuestas para resolver los problemas nacionales. Por eso esta será mi única manifestación pública sobre sus agravios.
No me mueven, consideraciones personales para dirigirme a usted. Merezco respeto como persona y usted me lo ha faltado, pero no es esa la razón que me obliga a pronunciarme. Estoy ya al final de mi carrera de servicio público y, gracias a la sabiduría de nuestros constituyentes, usted carece de potestad para destituirme. Así que, en lo personal, sus manifestaciones sobre mí son irrelevantes. Pero no lo son en lo institucional y por la investidura que represento: cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal como juezas y jueces electorales, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos. Está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo, le repito, que no podemos permitir.
Es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones esté sesgado en su contra. Cuidamos los votos a su favor en 2022, cuando sus correligionarios no eran suficientes para hacerlo en las mesas de votación. Declaramos la elección a su favor, porque fue la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y eso para nosotros es sagrado. Desde entonces, hemos admitido y también rechazado denuncias en su contra, siempre conforme a lo que en Derecho corresponde a los jueces. Pero, por ese mismo respeto a nuestras responsabilidades constitucionales y legales, no podíamos incumplir nuestro deber de fiscalización del financiamiento de campaña, quedarnos de brazos cruzados cuando amenazó con un apagón de radio y televisión, o permitir que se trasgredan las normas que en Costa Rica exigen la imparcialidad política de las autoridades de gobierno. Ha sido entonces que hemos pasado de merecer sus elogios a ser objeto de sus vituperios. No antes, solo entonces, y solo por cumplir con nuestro deber.
En esos ataques suyos, más que señalar deficiencias técnicas en nuestras decisiones colegiadas, usted ha optado por intentar desprestigiarme en lo personal. No sé si lo comprende, pero haber participado en algún partido político o servido un cargo durante un gobierno, no veta a nadie para la magistratura electoral en ninguna democracia del mundo, porque en democracia la participación político partidaria no es una vergüenza, sino un sagrado derecho ciudadano, y porque haber servido un cargo durante un gobierno, como usted mismo debe saber, no compromete a la persona con la agrupación política por la que se eligió ese gobierno. En mi caso, toda mi trayectoria profesional, de la que estoy muy orgullosa, incluido mi servicio público durante la primera administración Arias Sánchez, es y ha sido pública por años en el sitio web del TSE. Ese dato era público cuando yo recibía sus elogios, y lo era muchos, muchísimos años antes, durante elecciones en las que declaramos ganadores a personas de muchos diferentes partidos políticos.
Luego de años de trabajo honrado, tanto en el país como internacionalmente, en defensa de los derechos humanos, de las personas refugiadas, de las niñas y los niños, y de los derechos políticos de las personas, especialmente de las mujeres, cerré con broche de oro asumiendo como la primera mujer Presidenta de uno de los órganos electorales más prestigiosos del mundo, no solo conduciendo con éxito los complejísimos procesos electorales de 2022 y 2024, sino, además, con una trayectoria impecable, sin haber sido sancionada jamás por falta alguna.
Con esas credenciales, flanqueada por mis dos compañeras magistradas y mis dos compañeros magistrados, juezas y jueces igualmente probos, y acuerpada por 1.400 funcionarios y funcionarias electorales de amplia experiencia y mística probada, de los cuales ninguno, ni uno solo, fue nombrado por ningún gobierno de turno, dirigiré las elecciones nacionales 2026 y garantizaremos, una vez más, que las y los costarricenses puedan votar en un proceso electoral libre, en el que las leyes electorales se cumplan y la voluntad popular se imponga.
Fuente TSE: 30 de octubre 2025
