Edgar Fonseca, editor
La eventual suspensión de garantías constitucionales para combatir la inseguridad es una amenaza a nuestra institucionalidad, a nuestros valores democráticos y, sobre todo, a nuestra calidad de vida, advierte el reconocido jurista penalista Dr. Carlos Tiffer.
Así lo expuso en un amplio análisis de una posible aplicación de esta medida divulgado en La Nación ayer sábado 24 de enero titulado: En peligro nuestros derechos y garantías individuales.
Su análisis se da en el marco de propuestas lanzadas en ese sentido durante la presente campaña electoral.
La candidata chavista, Laura Fernández, impulsa la suspensión de garantías constitucionales. Su candidato a diputado por San José, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, lo ratificó esta semana en un debate en Repretel y Noticias Monumental.
“La inseguridad ciudadana, por más alarmante y grande que sea, no se encuentra prevista ni en la Constitución ni en leyes especiales como una causa que justifique el levantamiento de derechos y garantías constitucionales”, alerta Tiffer.
Libertades en riesgo
Sostiene que dentro de las garantías que podrían suspenderse, hasta por un plazo máximo de 30 días, ya sea en todo el territorio nacional o en lugares determinados como barrios, cantones o provincias, están:
- Libertad de tránsito. Sin este derecho, podrían prohibirnos el libre desplazamiento, dentro y fuera del territorio nacional, así como impedirnos abandonar el país. Incluso sería posible que nos prohíban el ingreso a Costa Rica, a pesar de ser costarricenses.
- Inviolabilidad del domicilio. Las autoridades, alegando motivos de seguridad, sin orden judicial, podrían ingresar a nuestras casas, negocios o cualquier otro recinto privado.
- Privacidad de las comunicaciones. Las conversaciones por cualquier medio podrían ser intervenidas, reproducidas y utilizadas sin autorización de un juez.
- Libertad de reunión. No podríamos reunirnos en ningún sitio público, así como tampoco participar en ningún evento o manifestación pública.
- Libertad jurídica. Podríamos ser perseguidos por cualquier manifestación de opiniones o actos, aunque no infrinjan la ley.
- Libertad de pensamiento y opinión. La expresión individual y colectiva de opiniones y de prensa podría prohibirse. La crítica al poder político podría verse silenciada.
- Libre acceso a la información pública. Las instituciones públicas no tendrían la obligación de proporcionar información de interés público sobre sus actuaciones.
- Prohibición a las detenciones arbitrarias. Nos encontraríamos expuestos a la detención o cualquier otra medida privativa de libertad, en cualquier hora y en cualquier lugar, sin una orden judicial, sin derecho a la defensa y sin el cumplimiento de garantías judiciales.
“Uno de los peligros más latentes que conlleva el levantamiento de estos derechos y garantías constitucionales es que nuestro país adopte una forma de Estado autoritario”, aseveró Tiffer.
“Sería un gran error, una verdadera insensatez, en aras de buscar la seguridad ciudadana, suspender, aunque sea temporalmente, los derechos y garantías de las que actualmente gozamos todos en Costa Rica. Cuánto más grave es la crisis, más cordura y prudencia se requieren”, remarcó el jurista.
Fuente: En peligro nuestros derechos y garantías individuales, Dr. Carlos Tiffer, La Nación
