Edgar Fonseca, editor
El país cerrará 2026 con menos de 800 casos de homicidios, según las proyecciones oficiales del Organismo de Investigación Judicial.
Solo en los primeros tres meses de este año, se registra un descenso de -28% en casos, 58 hechos menos perpetrados en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En todas las provincias, salvo la emergencia por la que atraviesa Cartago, se dan descensos de casos.
Las cifras no son para lanzar las campanas al vuelo dada la brutalidad de la embestida de las mafias narcocriminales.
Pero representan un giro importante en la lucha que el país sostiene por frenar y contener la expansión de la ola criminal atribuida, en su mayor parte, a disputas de poder y territorial entre bandas narco.
El giro que se observa solo tiene una razón de ser: la estrategia lanzada desde el Poder Judicial, propiamente desde el OIJ, la Fiscalía y jueces para enfrentar con rigor pero con fundamento investigativo y pericia científica el fenómeno del crimen organizado que desde sus distintas facetas, homicidios, narcomenudeo, trasiego local o externo en mayor escala, legitimación de capitales, o préstamos gota a gota, asedia a nuestra sociedad.
Una estrategia que, noblemente reconocía el jerarca a.i. del OIJ, se coordina a diario con estamentos de la Fuerza Pública, y de las policías municipales concentrados en su operación profesional, alejados del turbador ruido politiquero que fluye desde lo más alto del gobierno.
Una estrategia que tiene un sustento en sólidas iniciativas legales aprobadas por la presente legislatura, entre ellas la ley de persecución de bandas del crimen organizado y la reforma constitucional que permitió hace apenas una semana extraditar, por primera vez en la historia, dos nacionales vinculados por EE.UU. a cargos de presunto tráfico internacional de drogas.
Todo ello evidencia que la institucionalidad sí funciona, no importa si el boicot y el torpedeo proviene, como en la administración que agoniza, de la insensatez de la figura presidencial que obstinadamente rechazó cualquier esfuerzo interpoderes frente al embate de la inseguridad y de la ola criminal.
La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y sus brazos operativos respondieron con serenidad, madurez y visión; unos para plasmar leyes clave, otros con acciones constantes, persistentes, peligrosas, aún a grave riesgo de sus vidas, como ocurrió con el subjefe de la delegación de Pococí, víctima del sicariato.
Los resultados que ve y palpa el país parecen una primera luz de salida del túnel que devuelva a nuestra sociedad estados de normalidad en cuanto a la seguridad pública.
Pero se trata, como bien lo admitió el jerarca policial, de una contención estratégica policial que debería ir aparejada de profundas acciones estructurales en campos como la salud, la educación, la economía y la prevención, en las zonas más vulnerables.
Así lo hizo Medellín, la ciudad violenta del mundo en los años ochenta y noventa, y hoy es un emporio de desarrollo, competitividad, innovación y hub de sofisticadas tecnologías.
Y lo lograron sin violentar garantías constitucionales fundamentales, como lo hace Bukele, con casi 100 mil presos sin juicio ni derechos.
Y sin allanamientos ilegales como promueve el próximo jefe de fracción gobiernista. ¿Cuál fue el daño?, se pregunta con cinismo.
He ahí el gran desafío de visión y estrategia que, ante la inseguridad, tiene la próxima mandataria y su equipo para no agravar la intolerancia, el boicot y el torpedeo de su predecesor y mentor.
Cuatro años perdidos, lamentablemente, mientras el país enfrentaba la mayor emergencia de seguridad pública de su historia. Eso jamás tendrá perdón.
