Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo
Las pretensiones del oficialismo de suspender garantías constitucionales o ir hacia la reelección presidencial indefinida, carecen de viabilidad jurídica y política, según el experto jurista Dr. Ruben Hernández Valle.
Sus promotores lo que pretenden es la “bukelización” del país con concentración de poderes en el Poder Ejecutivo como ocurre en El Salvador, censuró el reconocido constitucionalista.
Para su aprobación, aseveró, requieren de mayorías legislativas calificadas, con las cuales no cuentan.
Tampoco ve viable jurídica ni políticamente un eventual llamado a una Asamblea Constituyente, como se promueve desde el oficialismo, con el propósito de consumar cambios estructurales institucionales profundos en el próximo periodo gubernativo.
Interrogado si con este tipo de iniciativas el país estaría a las puertas de la fundación de la Tercera República, como lo sostienen la presidenta electa y operadores políticos y jurídicos afines, respondió que, al contrario, podría estarse, más bien, frente a una “república de tercera”.
El jurista hizo tales manifestaciones durante una amplia entrevista que concedió a este editor ayer lunes 9 de marzo, vía Zoom Facebook Live. Link adjunto.
En dicha conversación advirtió que la eventual operación de tropas militares de EE.UU. en el combate a cárteles narco en el país, como parte de un acuerdo suscrito por el ministro de Seguridad con autoridades norteamericanas podría tener vicios de constitucionalidad.
La autorización de presencia de tropas extranjeras en el país solo se daría, según normas constitucionales, ante amenazas de invasión o de guerra no para el combate de la criminalidad. Nota adjunta.
Especial PuroPeriodismo
Ven inconstitucional posible operación de tropas EE.UU. en el país contra cárteles narco/Jurista Rubén Hernández advierte violaciones legales de acuerdo suscrito por ministro de Seguridad en Doral, Florida
Mar 9, 2026
Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo
La posible operación de tropas EE.UU. en el país contra cárteles narco como parte de un acuerdo suscrito por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en Doral, Florida, el viernes 5 de marzo, violaría principios constitucionales, advierte el experto jurista Dr. Rubén Hernández Valle.
El acuerdo, impulsado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue rubricado por jerarcas de Seguridad de 17 naciones latinoamericanas para emprender una ofensiva militar contra cárteles narco en la región. El encuentro se denominó “Conferencia de las Américas contra los Cárteles”.
“Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario si es necesario”, previno Hegseth.
Un día después, en una cumbre del presidente Donald Trump con 17 jefes de Estado de la región, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves, la acción denominada “Escudo de las Américas” ratificó el acuerdo.
“La única manera de derrotar a estos enemigos es desatar el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar a nuestro ejército. Ustedes tienen que usar a sus ejércitos”, advirtió el mandatario norteamericano.
Eventuales violaciones constitucionales
El Dr. Hernández Valle, experto constitucionalista, advierte eventuales violaciones legales de dicho acuerdo.
Destacó que tanto el artículo 12 como el 121 inciso 6 de la Constitución Política, protegen el carácter pacífico del país y limitan la presencia de tropas extranjeras a casos de defensa nacional del territorio ante una eventual invasión externa.
No amparan eventuales operaciones militares externas en suelo nacional por causas como el combate a los cárteles delas drogas.
El acuerdo firmado por el ministro en el fondo pretende eso, sostuvo.
Si el gobierno persiste en permitir esas operaciones, los funcionarios responsables se exponen a sanciones penales por desacato y atentado contra la soberanía, puntualizó.
Atribuye la suscripción del acuerdo a ignorancia jurídica en Casa Presidencial, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Lo calificó como un “desacierto total” jurídico y político del presidente y el ministro.
Vaticinó que la Sala Constitucional lo rechazará.
También descartó la posible instalación de bases militares como lo propone un asesor jurídico de la mandataria electa.
Requeriría ser aprobado, vía tratado, por 43 diputados y dos tercios de una Asamblea Constituyente convocada al efecto.
