Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo
La posible operación de tropas EE.UU. en el país contra cárteles narco como parte de un acuerdo suscrito por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en Doral, Florida, el jueves 5 de marzo, violaría principios constitucionales, advierte el experto jurista Dr. Rubén Hernández Valle.
El acuerdo, impulsado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue rubricado por jerarcas de Seguridad de 17 naciones latinoamericanas para emprender una ofensiva militar contra cárteles narco en la región. El encuentro se denominó “Conferencia de las Américas contra los Cárteles”.
“Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario si es necesario”, previno Hegseth.
Un día después, en una cumbre del presidente Donald Trump con 17 jefes de Estado de la región, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves, la acción denominada “Escudo de las Américas” ratificó el acuerdo.
“La única manera de derrotar a estos enemigos es desatar el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar a nuestro ejército. Ustedes tienen que usar a sus ejércitos”, advirtió el mandatario norteamericano.
Eventuales violaciones constitucionales
El Dr. Hernández Valle, experto constitucionalista, advierte eventuales violaciones legales de dicho acuerdo.
Destacó que tanto el artículo 12 como el 121 inciso 6 de la Constitución Política, protegen el carácter pacífico del país y limitan la presencia de tropas extranjeras a casos de defensa nacional del territorio ante una eventual invasión externa.
No amparan eventuales operaciones militares externas en suelo nacional por causas como el combate a los cárteles delas drogas.
El acuerdo firmado por el ministro en el fondo pretende eso, sostuvo.
Si el gobierno persiste en permitir esas operaciones, los funcionarios responsables se exponen a sanciones penales por desacato y atentado contra la soberanía, puntualizó.
Atribuye la suscripción del acuerdo a ignorancia jurídica en Casa Presidencial, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Lo calificó como un “desacierto total” jurídico y político del presidente y el ministro.
Vaticinó que la Sala Constitucional lo rechazará.
También descartó la posible instalación de bases militares como lo propone un asesor jurídico de la mandataria electa.
Requeriría ser aprobado un tratado por 43 diputados y dos tercios de una Asamblea Constituyente convocada al efecto.
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