Menos de 24 horas después que el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo en su informe anual ante el plenario legislativo que no hay “un atisbo” de corrupción en su administración, la Contraloría General de la República reveló una encuesta nacional que destaca que el 61% de los costarricenses creen que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años y la identifican como el segundo problema nacional.

La corrupción, ratificó la Contralora Marta Acosta,  es “el segundo problema nacional después de la seguridad y el 61% opina que ésta ha aumentado en los últimos dos años”.

Un 85 % de los consultados estima que hay mucha corrupción; 46% desconfía de los canales de denuncia; 30% conoce de algún caso de corrupción en sus instituciones, detalló el estudio de la Contraloría.

Por el contrario, la tarde del miércoles, el presidente Solís destacó ante los diputados el combate contra la corrupción como uno de los pilares de su administración. “Uno de los pilares del Poder Ejecutivo es la lucha frontal y fehaciente contra la corrupción”. “Sí se puede hacer política con resultados, sin opacidad y sin miedo. Y esto ocurre pese a quienes quieren desprestigiarnos invocando corrupción donde no la hay ni por atisbo”,  dijo Solís, según cita La Nación.

Un gran mal nacional

La Contralora Acosta, sin embargo, advirtió la magnitud del fenómeno detectado por la encuesta telefónica realizada en febrero del presente año entre 3208 personas: 2171 ciudadanas y ciudadanos, 605 funcionarios públicos y 432 oferentes de bienes y servicios. El nivel de confianza de la encuesta es del 95% , según informe oficial de la Contraloría.

Según el estudio,  55% cree que hay corrupción en las compras públicas; 86% considera que los trámites públicos son engorrosos y oferentes de servicios al estado creen que hay un pago promedio del 15% para ganar uh contrato, dice el informe.

“Debemos seguir trabajando no solo en su detección y sanción sino en su prevención con mayor énfasis, y de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia. Necesitamos más liderazgos y personas comprometidas que den la debida importancia a los valores necesarios para evitar la corrupción”, advirtió la Contralora Acosta, conforme dicha versión.

“Entendemos por corrupción pública el abuso de poder para el beneficio propio, tanto directo como indirecto del corrupto o del grupo al que pertenece. Corrupción implica el incumplimiento de normas jurídicas o éticas y comportamientos que anteponen el interés privado sobre el interés general”, puntualizó Acosta.

“Debemos recordar que el beneficio social de evitar un acto de corrupción es mucho mayor que el obtenido con la detección y sanción de ese mismo acto de corrupción. Existe entonces un gran beneficio social al dirigir los esfuerzos públicos hacia los enfoques preventivos, los cuales han sido poco desarrollados en todos los países”, dijo.

La Contraloría efectuó la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017,  en febrero de este año con el objetivo conocer la opinión -a nivel nacional- sobre la percepción de la corrupción para tres tipos de población: la ciudadanía, los funcionarios públicos y los oferentes del sector público.

Ticos se hacen “de la vista gorda”

Un 86% de los entrevistados considera que la sociedad costarricense es tolerante ante la corrupción, destaca el informe de la Contraloría.

Otros hallazgos relevantes:

  • 61% de las personas no suelen informarse acerca de formas para evitar que se dé corrupción.
  • 72% no conoce alguna ley o normativa para evitar que se dé corrupción.
  • 76% no conoce alguna campaña para evitar que se dé corrupción..
  • 64% cree que la ciudadanía es la principal responsable de evitar que se dé la corrupción.

Entre los mecanismos para evitar que se dé la corrupción, el 23% consideró que el mecanismo de la denuncia es el que más se debería desarrollar, seguido de la promoción de los valores con un 17%, según la encuesta.