Edgar Fonseca, editor

Un fuerte cuestionamiento a la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Chinchilla, realizó el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, suspendido por tres meses en medio de cuestionadas decisiones suyas relacionadas con el escándalo del “cementazo”.

Chavarría denuncia que hay “animosidad” por parte del magistrado Chinchilla en su contra.

“Su animosidad justificaba que él se hubiera separado de decidir el caso”, sostiene Chavarría.

Advierte que Chinchilla debió separarse de la decisión en que se adoptó su suspensión.

Según Chavarría, el magistrado Chinchilla había adelantado criterio públicamente por la prensa en su caso.

Eso implica un vicio de nulidad del acto adoptado en su contra, advierte el fiscal suspendido.

Así consta en el recurso de Amparo que interpuso Chavarría contra dicha suspensión ante la Sala IV y que se encuentra en estudio de admisibilidad.

Chavarría, un veterano funcionario judicial, con 40 años de trayectoria, fue suspendido el 13 de octubre tras petición del magistrado Chinchilla.

La suspensión de Chavarría partió a la Corte. El 11 de octubre decidieron solo  separarlo del conocimiento de los casos cuestionados; dos días más tarde en medio de fuertes críticas públicas y presiones sindicales, lo suspendieron por tres meses.

La suspensión se dio luego que el magistrado Chinchilla estimó que Chavarría pudo haber inducido a error a la Sala de Casación Penal al omitir la Fiscalía un informe del OIJ sobre 792 contactos telefónicos de dos diputados con el empresario Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo del “cementazo”.

El informe habría sido omitido de una solicitud de desestimación que hizo la Fiscalía en una causa por supuesto tráfico de influencias contra los diputados  Víctor Morales Zapata, uno de los principales operadores políticos del presidente Luis Guillermo Solís, y Otto Guevara, candidato Libertario.

La causa fue desestimada por Casación el 20 de febrero anterior.

Por el escándalo también fue suspendido el magistrado Celso Gamboa ante una cuestionada relación suya con el empresario de la controversia.

Gamboa compareció la noche del martes a la comisión legislativa investigadora del escándalo.

El diputado Ottón Solís cuestionó la credibilidad de lo dicho por Gamboa. ““Hice aquí una lista breve. Fue una coincidencia que su letrado fue a visitar a Ricky González y pidieran el expediente relacionado con el cementazo. Fue una coincidencia que su letrado llamara al fiscal Frankarlo Pessoa, más de cinco veces, para preguntarle sobre el tema que tenía que ver con el tema del cementazo. Es una coincidencia que usted llegara al escritorio de Gabriela Quirós en la Fiscalía con Juan Carlos Bolaños. Es una coincidencia que se fuera en el mismo vuelo de Juan Carlos Bolaños. Es una coincidencia que regresara en el mismo vuelo que Juan Carlos Bolaños. Es una coincidencia que se vieran para tomar tragos”, expresó Solís, según cita el sitio CR Hoy.

El escándalo estalló luego de trascender gestiones del empresario en Casa Presidencial para modificar reglamentos a la importación de cemento chino. El empresario reveló ante los diputados que tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, uno con el presidente Solís.

El presidente Solís confirmó, bajo juramento ante los diputados que recibió al empresario pero que no hubo favoritismos hacia él.

La comisión legislativa investiga cuestionados créditos por $30 millones del Banco de Costa Rica a la empresa Sinocem, vinculada al empresario. También indaga un crédito por $32 millones de dicho banco a Coopelesca de San Carlos. La junta directiva del BCR fue destituida por el gobierno luego que se negaron a renunciar como lo pidió el presidente Solís.

 

Derechos vulnerados

El fiscal Chavarria denuncia en el Recurso de Amparo interpuesto en conjunto con el abogado, Jorge Luis Urey, violaciones al derecho de defensa, falta de fundamentación de la resolución, violación al derecho de debido proceso y al derecho de audiencia.

Al pedir que se declare con lugar su recurso, el fiscal Chavarría pide se le reintegre a sus funciones.

La investigación contra Chavarría la tramita el Tribunal de la Inspección Judicial cuya presidenta Siria Carmona dijo que son casos bajo estricta confidencialidad.

Carmona dijo esto tras filtrarse públicamente la semana anterior copia de un documento de la línea aérea que evidenciaba, supuestamente, que los tiquetes tanto del magistrado Gamboa como del empresario cuestionado, de un viaje en que coincidieron a Panamá hace un año,  fueron pagados por una misma tarjeta de crédito