Magistrados de Sala IV no verán recurso contra recorte a privilegios en pensiones del Poder Judicial

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* Algunos de dichos jueces ya tienen aprobada la jubilación

* Dejan la decisión en manos de los magistrados suplentes

* Reforma le pone freno a pensiones de lujo y juveniles

Edgar Fonseca, editor

En un Poder Judicial convulsionado por los escándalos de un magistrado y del Fiscal General y los cuestionados privilegios de su régimen de pensiones, los magistrados de la Sala IV anunciaron ayer que se inhiben de conocer un recurso contra una drástica reforma aprobada en la Asamblea Legislativa para frenar pensiones de lujo y juveniles en el régimen judicial. Dejaron la decisión en manos de los magistrados suplentes.

“Los magistrados propietarios, como miembros del órgano supremo del gobierno judicial o jerarcas, forman parte del estamento que recibe las pensiones cuestionadas”, anunció la Sala.

“Algunos magistrados propietarios tienen la jubilación aprobada o cumplen con las condiciones para pensionarse, supuestos en los que no se encuentran, por regla general, los suplentes de esta Sala”, reconocieron los altos jueces.

“Tratándose de magistrados propietarios, cualquier observador razonable, la opinión pública, la ciudadanía y algunos actores involucrados en la consulta, como el propio Poder Legislativo que aprobó la reforma, puedan albergar dudas razonables sobre la imparcialidad de los Magistrados propietarios”, agregó el anuncio de la Sala IV.

“Por las razones expuestas, de carácter particular, calificadas, de peso y, sustancialmente, diferentes a las que pueda invocar cualquier suplente de la Sala Constitucional, nos inhibimos de participar en este asunto para que sea conocido y resuelto por los suplentes”, enfatizaron.

La decision la adoptaron los magistrados: Ernesto Jinesta L.; Fernando Cruz C.;Fernando Castillo V.;Paul Rueda L. ;Nancy Hernández L.; Luis Fdo. Salazar A.; José Paulino Hernández G.”.

Fuertes críticos

Los magistrados  Jinesta y Cruz, que se inhibieron ayer, han sido fuertes críticos de los ataques al régimen de pensiones del Poder Judicial.

“Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya”, advirtió el magistrado Jinesta, presidente de la Sala,  en sesión de Corte Plena el 20 de junio de 2016, según registró el diario La Nación el 28 de octubre del año pasado.

“Tengan la plena seguridad que si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional -no digo que las otras materias no sean importantes- incluso hasta cobros judiciales, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta que el país se paraliza total y absolutamente”, advirtió en aquel momento.

El magistrado Cruz también ha fustigado los ataques al régimen jubilatorio judicial.

“En este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados, es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas”, dijo Cruz ante sus colegas magistrados en diciembre 2014, registró La Nación en su edición del 28 de octubre del ano anterior.

Desde hace un año ambos anunciaron que se inhibirían de conocer recursos de constitucionalidad en la materia de las pensiones judiciales.

El diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio, quien ha liderado la gestión legislativa del Frente Gremial del Poder Judicial interpuso ayer un recurso de consulta de constitucionalidad frente a la reforma aprobada por el plenario de la Asamblea que le pone tope de ¢4 millones a las pensiones de lujo, sube la edad de retiro 65 y el monto de la cuota obrera de 11% a 13%. También se aprobó: -la edad de pensión anticipada pasa a 60 años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres; -el derecho a pensión lo adquiere el empleado con 35 años de servicio, no a los 30 como ocurre ahora.

En julio el Frente Gremial judicial decretó una huelga que generó indignación publica cuando los sindicalistas se negaban a entregar 35 cuerpos en el complejo médico-forense de San Joaquín de Flores. La huelga acabó el 31 de julio tras un acuerdo de los sindicalistas con el presidente de la Corte, magistrado Carlos Chinchilla, sujeto a la negociación legislativa ahora cuestionada.

Ver comunicado completo de la Sala IV

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Drástica reforma en medio de escándalos

La Asamblea Legislativa aprobó el lunes un tope de ¢4 millones a las controversiales pensiones de lujo judiciales.

La aprobación, con 31 votos a favor y siete en contra, culminó una tensa negociación de los últimos meses que llevó en julio a los empleados judiciales a una huelga de servicios en medio de fuertes críticas públicas.

El segundo debate para esta reforma se fijó para el seis de noviembre.

La controversia por los privilegios de dicho régimen de pensiones creció tras otorgársele el 11 de mayo una pensión de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, a la saliente presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.

Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento–  “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.

Según dicho diario,  el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montón inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y  hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.

La polémica de las pensiones marcó un año de convulsión para la Corte Suprema de Justicia al trascender el escándalo del “cementazo”que provocó la suspensión del magistrado Celso Gamboa y del Fiscal General, Jorge Chavarría. Ambos fueron separados de sus funciones por tres meses con goce de salario.

Gamboa es investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial, por una alegada relación con el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo.

A Chavarría, un veterano servidor judicial, con 40 años de trayectoria, le cuestionan en la misma instancia decisiones judiciales relacionadas con diputados vinculados al escándalo.

El “cementazo” estalló al trascender múltiples gestiones del empresario en las esferas de Casa Presidencial y otras oficiales. Bolaños dijo a los diputados de una comisión investigadora que tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, uno de ellos con el presidente Luis Guillermo Solís.

Solís confirmó bajo juramento ante los diputados de la comisión que atendió al empresario pero negó favoritismos.

En este convulso contexto avanzó la negociación para la reforma de las pensiones judiciales con el apoyo de estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR.

La Corte anunció el lunes medidas urgentes, en medio del escándalo, para regular la designación de magistrados y de Fiscal General y los procedimientos disciplinarios cuando se presenten incidentes como los más recientes.