Edgar Fonseca, editor

La Fiscalía apeló la decisión de un juez de dejar en libertad a cuatro funcionarios del Banco Popular y a dos personeros de la firma cementera Sinocem, investigados por un crédito irregular de $5 millones.

Los seis fueron detenidos durante operativos de la Fiscalía y el OIJ el miércoles anterior pero quedaron en libertad la noche del jueves, bajo medidas cautelares.

Son vinculados por la Fiscalía al supuesto delito de peculado en el caso de un crédito otorgado a la empresa JCB, vinculada al empresario Juan Carlos Bolaños, preso por el escándalo del cementazo.

La Fiscalía pretendía imponerles seis meses de prisión preventiva pero el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José resolvió dejarlos en libertad, con medidas cautelares.

Dichas medidas son firmar una vez al mes e impedimento de salida del país, las cuales rigen por el plazo de seis meses. De inmediato, la Fiscalía apeló la resolución en la misma audiencia, alegando la existencia de falta de fundamentación por preterición (omisión) de prueba, fundamentación contradictoria y fundamentación insuficiente de parte del Juzgado Penal.

Peligro de fuga

Los fiscales a cargo de la causa advierten que existen peligros procesales (de fuga y obstaculización) que hacen necesaria la permanencia de los imputados en prisión, para mantenerlos sujetos al proceso penal y evitar una afectación a la investigación.

Los imputados son de apellidos Rojas y Cortez, gerente general y gerente financiero de Sinocem, respectivamente; además de Bogantes, analista de crédito del Banco Popular; Gómez, ejecutivo de Negocios Corporativos de la entidad; Alpízar, director de Banca Empresarial; y Delgado, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa. Todos fueron detenidos durante 11 diligencias de allanamiento realizadas el miércoles.

Según la Fiscalía, será necesario esperar que se señale la audiencia en la que se conocerá si el Tribunal de Apelación del Hacienda acoge el recurso de apelación planteado por la Fiscalía General.

El empresario Bolaños también imputado en la causa penal, por lo que, en próximas semanas, será trasladado a la Fiscalía para que rinda su declaración por estos hechos.

Los hechos

La Fiscalía General sostiene que el empresario Bolaños solicitó un crédito al Banco Popular por $5 millones, línea de crédito que fue autorizada por la entidad en el 2015, aun cuando no se realizó un análisis de la capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías.

Bolaños –consigna la Fiscalía– justificó al Banco Popular que ese dinero iba a ser utilizado para la compra de cemento procedente de China, pero presentó la misma Declaración Única Aduanera (DUA) con la cual justificó un crédito que le otorgó el Banco de Costa Rica. Las DUA son documentos que se entregan por cada importación que una persona haga, por lo que no puede haber una misma declaración para dos importaciones diferentes.

La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, explicó que, el 26 de abril del 2017, el Banco Popular aprobó una operación de refinanciamiento por un monto aproximado a los $4.5 millones, por el plazo de 15 años, al margen de las alertas que debieron haber impedido un segundo giro de dinero, pues el empresario estaba en mora con el préstamo millonario del 2015, cita la versión oficial.