Edgar Fonseca, editor
Si hubo lucidez de una mayoría legislativa al aprobar, contra todo chantaje y amenaza, una reforma fiscal crucial, la reciente resolución de un tribunal laboral, que deja impune la huelga de los dirigentes magisteriales, causa estupor en la opinión pública.
Se trata de una decisión miope.
No se percataron estos jueces de la violencia que atizaron desde un primer momento los dirigentes huelguistas en la mayor intentona desestabilizadora de tiempos recientes que les acabó en un trepidante fracaso por el repudio nacional.
No se percataron estos jueces de los bloqueos que afectaron en vías e instituciones a miles de ciudadanos en sus necesidades básicas de trabajo, salud, educación.
Ni se percataron de los actos de sabotaje, atentados, sin más que decir, que se suscitaron en instituciones clave.
Ni se enteraron de los ¢198 mil millones en pérdidas que dejó este movimiento al sector productivo.
Ni se dieron cuenta del brutal atropello perpetrado contra el derecho fundamental de centenares de miles de niños y jóvenes a educarse al ver truncado un año por la arbitrariedad de unos cuantos dirigentes.
La educación, para estos jueces, no es una actividad esencial en la vida del país.
¡Válganos Dios!
Deben revolcarse en sus tumbas nuestros próceres al notar la clase de razonamientos con que estas autoridades arrinconan, a su mínima expresión, el significado de dicha actividad en nuestro desarrollo institucional.
De nada de esto se enteraron los jueces cuya decisión le da respiro a una clase dirigente sindical desprestigiada, que tuvo en este movimiento su mayor fracaso de tiempos recientes dada la sensatez de otros actores políticos, y de la sociedad en general, que no cayeron en la emboscada.
Pésimo precedente con esta resolución.
Deja las puertas abiertas para que, en cualquier momento, el país sea sometido a los atropellos y arbitrariedades que estos dirigentes están dispuestos a acometer sin el menor interés común y nacional.
