Edgar Fonseca, editor
Bajo una ola de crítica pública por el pacto suscrito entre jerarcas y dirigentes sindicales de la CCSS, que mantiene multimillonarios pluses a sus 57 mil empleados, contrario a lo que dispone la nueva ley fiscal, el presidente Carlos Alvarado defendió este miércoles lo negociado, negó haberle hecho concesiones a los sindicatos y reconoció que los huelguistas afectaron a unos 120 mil pacientes.
“De haber continuado este movimiento, la cifra hubiera seguido aumentando. Pensando en estas personas y sus vidas es que se dio fin a esta huelga con un acuerdo que no cede en lo sustantivo”, dijo Alvarado.
“Yo gobierno para mayorías y no para minorías y es pensando en esas personas que adoptamos decisiones y lo hicimos en el contexto que tenemos y con las herramientas que tenemos a disposición”, insistió.
Negó que el gobierno haya hecho mayores concesiones a los sindicalistas o que no se vaya a aplicar la regla fiscal en la CCSS como establece el pacto suscrito el lunes por el presidente ejecutivo de la entidad, Román Macaya, y dirigentes de 17 organizaciones sindicales.
Sus declaraciones se dieron en medio de una oleada de censura de sectores políticos y empresariales a lo acordado en cuanto a los pluses, que sumaron ¢541 mil millones en 2018, y a la inaplicabilidad de la regla fiscal a la Caja, como establece la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los sindicatos exigen que los pluses se les apliquen porcentualmente que, segun autoridades de Hacienda, les hace crecer exponencialmente año a a año y la nueva ley los regula por monto fijo.
El PLN rechazó el pacto, el PUSC acudió a la Contraloría para que se anule lo pactado y se sancione a los firmantes y las cámaras empresariales censuraron los extremos de la negociación que puso fin a una huelga de ocho días en hospitales y clínicas de todo el país.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, también se opuso el acuerdo en abierta discrepancia con lo avalado por el presidente Alvarado.
La ley se aplica
Según el gobernante, la Caja sí está aplicando la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas como la reducción de 20 a 8 años en el pago de cesantía, la disminución de 5,3 a 1,9 en las anualidades y en la dedicación exclusiva y la prohibición.
El mandatario hizo la salvedad de que la aplicación de la Regla Fiscal aplica por un fallo de la Sala Constitucional de diciembre pasado que excluyó al Seguro de Enfermedad y Maternidad y porque originalmente el proyecto de ley aprobado no incluía a los regímenes del Invalidez Vejez y Muerte (IVM) ni al Régimen No Contributivo (RNC).
Insistió que el pacto no aprobó nuevos pluses, como sí se dio en las huelgas del 1982, 1985, 1990, 1999, 2004 y 2007, cuyos beneficios “son los que como gobierno, precisamente, estamos tratando de resolver hoy”.
Dice que no es blando
-“¿Es un gobierno débil o blando?
-Todo lo contrario. Es un gobierno que está actuando para resolver los problemas que por décadas nadie tuvo el valor de resolver.
Estamos haciendo lo que ningún gobierno ha hecho en ordenamiento fiscal, control del gasto, reforma al reglamento, educación dual, Japdeva o transformación del bachillerato para que no siga siendo un cuello de botella.
¿Quién ha tomado las medidas que ha adoptado este Gobierno, quién lo ha hecho, para las finanzas públicas o para poner la casa en orden? No es de recibo que digan que es un gobierno débil o blando.
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Ver también: El presidente Alvarado capitula ante el chantaje sindical
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Y que no cedió
-“¿Cedió el Gobierno la regla fiscal en la Caja?
-¡No! Categóricamente lo digo. Es un fallo constitucional lo que tutela esa disposición y eso se respetará porque somos un país de derecho.
-“¿El gobierno aprobó nuevos pluses, nuevos beneficios?
-No, no lo hizo, como sí se hizo en el pasado, y llegamos a este problema. Nosotros no aprobamos ningún plus o beneficio o aumento.
Derrota económica y moral
-“¿Se deja de aplicar la ley fiscal en la Caja?
-Categóricamente digo no… Sí se aplica. Y a partir del 1 de septiembre se empezará a utilizar las nuevas anualidades y comenzará a correr lo que rige en materia de la ley fiscal para la Caja como para todo el sector público, dándoles sostenibilidad para y por esa mayoría de los costarricenses.
-“¿Qué se acordó?
-Un punto, el tema de anualidades o beneficios de diciembre del 2018 para atrás, vaya a un tribunal. Es la primera vez que se acepta desde la parte sindical que se acuda a un tribunal de la república, en democracia, a dirimir esto.
“Ha sido la falta de valor en el pasado lo que nos ha traído aquí. Mi trabajo es que eso no se repita y gobernar para todas las personas. Por eso no estamos prorrogando esas grandes decisiones que necesita el país”, enfatizó.
Según Alvarado, el Gobierno continuará impulsando el proyecto de empleo público e iniciativas de contención del gasto y saneamiento de las finanzas públicas, entre otras.
“Con esta huelga ha habido una gran derrota moral y económica. Mi trabajo es seguir adelante y pedir las herramientas para poder hacer mejor mi labor que es sacar a Costa Rica adelante”, puntualizó.
