Edgar Fonseca, editor
Un gobierno, con la fragilidad política del presente, debe conservar muchísima templanza, prudencia, serenidad, sobriedad, en su guía.
Debe, como lo demostró en recientes pruebas críticas ante el embate fiscal, concentrarse en sumar voluntades y consensos, que le permitan gobernabilidad en su endeble margen de maniobra, dada su minoría legislativa.
Lo contrario es contraproducente.
El presidente Alvarado dio muestras de entender cómo descifrar ese acertijo, ese laberíntico horizonte que se le avecinaba desde el momento de partida de su administración cuando catapultó un inédito gobierno de “unidad o coalición nacional”.
Solo la mezquindad política que campea no le reconoce al mandatario el significado y la conveniencia para el país de aquella apuesta suya que le conllevaría un altísimo costo político, para empezar, en los recalcitrantes recodos extremistas de su propio reducto.
Y, así, logró cuajar un respaldo político crucial de las principales fuerzas políticas, con el PLN como su “joya de la corona”, para impulsar una estrategia clave de la administración ante la amenazante emergencia fiscal.
Una estrategia que conllevó crispación y tensión pero que la opinión pública, con una madurez envidiable, soportó y aceptó.
Se necesitaba superar aquel capítulo, aquel convulso trance, antes que el país se precipitara por donde algunas fuerzas deseaban e impulsaban.
El presidente se comportó a la altura de las circunstancias.
De pronto, y en medio de la crispación que revolotea en los corrillos políticos dada la precariedad de la estabilidad económica, el gobernante de la lucidez, de la visión, de la temperancia, reacciona con bandazos inquietantes.
Suficiente enervados están los ánimos con la propuesta de dinamitar el secreto bancario, para que el país conozca, por tercera mano, de un decreto tramitado a escondidas, sin la menor transparencia, que intenta institucionalizar la inquisición en los datos más íntimos de cada ciudadano.
Craso error. Como lo fue, en la primera administración PAC, el nefasto intento de implantar una ley mordaza bolivariana, por si algunos lo olvidaban.
El costo de imagen tras el zipizape de las últimas horas no necesita mayor medición.
El presidente debe retomar el camino de la sensatez.
Debe exorcizar y espantar los “malos espíritus” que, parece, agitan sus alas a su alrededor.
La abrupta derogatoria de un decreto abusivo debería servirle a él y a su “círculo cero” de espejo para no incurrir en semejantes torpezas dada la coyuntura.
