Edgar Fonseca, editor/Google Images

Incitación pública “para generar caos social” atribuyó el gobierno en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General contra el excandidato presidencial PLN, José Miguel Corrales, y el exdiputado independiente, Célimo Guido, identificados como los dos principales líderes del movimiento de violentas protestas que afectaron al país entre el 30 de setiembre y el 7 de octubre.

Así lo consigna la denuncia elevada el 15 de octubre ante la Fiscal General, Emilia Navas, por los ministros de la Presidencia, Seguridad y Justicia, Marcelo Prieto, Michael Soto y Fiorella Salazar, repectivamente.

La denuncia no identifica a ningún otro dirigente del movimiento.

La acusación vincula a dichos dirigentes a los supuestos delitos de motín, atentado y su circunstancia agravante al ser cometido por dos o más personas, y a presuntas acciones contra la seguridad común como incendio y explosión.

Según la denuncia: “Es importante, además, tomar en cuenta que muchos de estos delitos se han venido perpetuando en el tiempo y pueden dar cabida a otros tipos penales, como podría ser el caso de la responsabilidad de los promotores o directores (artículo 305 del Código penal), en caso de que los amotinados se sometan a la autoridad legítima o se disuelvan antes de que esta les haga intimidaciones o a consecuencia de ellos, sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, siendo punibles los denunciados Corrales Bolaños y Guido Cruz al haber iniciado, incitado y desencadenado todos estos actos delictivos”.

Durante las protestas, en contra de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nuevos impuestos se registraron 905 bloqueos viales, hubo 153 detenciones, 323 decomisos de bombas Molotov-Dinamita y Miguelitos; 271 decomisos/gallazhos de piedras; 168 decomisos/hallazgos de objetos contundentes para agredir a personal policial; 57 envases de gasolina-diesel; 109 decomisos/ hallazgos de neumáticos; 7 armas de fuego-blancas, cita la denuncia.

Gran impacto

La ola de protestas y bloqueos encabezada por los denunciados, sostiene la acusación, generó entre otras consecuencias:

-una significativa afectación a las exportaciones

-cancelación de una serie de contenedores que estaban previstos para ser cargados

-una disminución considerable en los movimientos semanales del muelle en la zona del Caribe

-entorpecimiento de manera significativa a los servicios que presta Recope

-obstrucción de vías y aumento de inseguridad en sectores de conflicto que en dos días de protestas generaron pérdidas por $37.507.159, según el MAG

-pérdidas millonarias al sector turismo

-afectación a más del 70% de zonas francas

Ver: Corrales se asustó, dice analista Constantino Urcuyo

Solo Corrales y Guido

En la denuncia, los ministros Prieto, Soto y Salazar solo identifican a Corrales Bolaños y a Guido Cruz.

A los demás se refieren como “varios ignorados”.

La denuncia sostiene que ambos dirigentes se han presentado públicamente comi líderes del gruipo social organuzado bajo ek nombre de Movimiento Rescate Nacional, a través de redes sociales y medios de comunicación masiva.

Acusa a dicho movimiento de arrogarse la representación del sector agrícola, agropecuario, pesquero, sector transporte, sector cultura, economía informal, movimiento ROPC, sector turismo, sindicatos, bares, restaurantes, desempleados y otros.

La denuncia atribuye a Corrales haber dicho el 27 de setiembre en Teletica Canal 7 que el miércoles 30 de setiembre realizarían una manifestación que paralizaría puertos, aduanas y varias rutas nacionales importantes.

Corrales, según dicha denuncia, dijo al medio televisivo que le preocupaban voces que abogaban por la venta del Banco de Costa Rica, el INS así como la privatización de la CCSS “además, le exigió al Gobierno que no negociara más con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Intención de provocar caos social

“Producto de lo anterior –según la denuncia– a través de medios de comunicación masiva y redes sociales, con la intención de provocar caos social y afectar la tranquilidad pública, Corrales Bolaños y Guido Cruz instigaron a los ciudadanos de diferentes sectores del país, para que en fecha 30 de septiembre de 2020 se manifestaran con bloqueos, paralización de puertos, aduanas y obstrucción de rutas nacionales, debido a esto, se organizaron varios grupos para realizar obstrucción de vías públicas, caravanas y aglomeraciones de personal a nivel nacional”.

A raíz de “la instigación provoicada a los ciudadanos” entre el 30 de setiembre y el 7 de octubre se dieron bloqueos y obstrucción de diversas rutas.

Hubo diversos actos encaminados a entorpecer la prestación de servicios públicos como el impedimento de movilización de vehículos de la CCSS que llevaban muestras para la detección de Covid-19 en Palmar Sur.

Afectaron el servicio de ambulancias con pacientes en situaciones de emergencia quienes “fueron detenidas y puestas a merced de quienes bloqueaban el paso”. Igual suerte corrieron unidades de bomberos.

Interrupción de servicios portuarios y de Recope

La denuncia destaca la interrupción de servicios portuarios en el Caribe que desembocó en la cancelación de una serie de contenedores previstos para ser cargados en los primeros días de octubre y, a la vez, se generó una disminución considerable en los movimientos semanales del muelle en la zona del Caribe.

La acusación de los ministros cita un informe de Recope de la afectación en sus servicios.

“Se dio el entorpecimiento de manera significativa de la prestación de servicios de la refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE en el área portuaria, ventas de búnker, la disponibilidad de colaboradores para despachar GLP y las afectaciones relacionadas con el despacho de productos “, cita la denuncia.

Tales acciones –agrega– generaron solo en los primeros dos días pérdidas por $37, 507.159, según datos del MAG del 13 de octubre, basados en datos de los afectados.

Además –detalla– se dio la afectación a más del 70% de las zonas francas.

“De igual forma –añade– se dieron pérdidas millonarias a los empresarios turísticos de todo el país dado el incremento en la cantidad de cancelaciones y reservaciones por parte de turistas nacionales y extranjeros que planeaban visitar centros turísticos del país”.

“En el contexto de los bloqueos incitados, empezaron a presentarse otro tipo de delitos y signos de violencia muy lejanos a una manifestación pacífica, generando más de 905 bloqueos”, agrega la acusación.

Retiro de propuesta a FMI y bloqueos continuaron

Según la denuncia, “luego de que ser levantaran múltiples voces de protesta en contra, así como la presencia de actos vandálicos durante los bloqueos, el Poder Ejecutivo acordó no continuar con la propuesta de negociación con el Fondo de Monetario Internacional”.

El anuncio lo hizo el presidente Carlos Alvarado el 4 de octubre.

Tras el anuncio del mandatario, el denunciado Corrales mediante un mensaje en las redes social del Movimiento Rescate Nacional “aseguró que los bloqueos se mantenían, además incitó a sostener los bloqueos y no hacer caso a testaferros del Gobierno de la República”, sostiene la acusación.

Relata que, tras estas afirmaciones, Corrales reveló el 6 de octubre –en el noveno día de protestas–, en una conferencia de prensa que el narcotráfico había penetrado los bloqueos.

“Esas fuerzas tenebrosas que se han implantado en algunas zonas, secuestraron, desnaturalizaron y vandalizaron la protesta ciudadana”, dijo Corrales, según la denuncia.

En aquella oportunidad dicho dirigente se apartó del movimiento de protesta y pidió disculpas por la afectación a ciudadanos.

Guido continuó, violencia frente a Casa Presidencial

“El aquí también denunciado, Célimo Guido, posterior a las declaraciones del señor Corrales Bolaños, continuó con la gesta de las manifestaciones y sostuvo que no se levantaban los bloqueos”, menciona la acusación.

Relata, además, la violenta manifestación del 12 de octubre frente a Casa Presidencial, “misma que fue convocada por el conocido líder del Movimiento Rescate Nacional, Célimo Guido, esta se tornó violenta de forma repentina, cuando los manifestantes empezaron a lanzar piedras y objetos, ante lo cual la Fuerza Pública ubicada en el sitio respondió con la utilización de gases lacrimógenos.

La acusación incluye manifestaciones de Guido en las que dijo “él fue elegido democráticamente por elpueblo para representar sus demandas” y que “que no le teme a nadea que le pone el opecho a las balas”.

También citan reclamos del exlegislador porque el gobierno no aceptaba negociar con él.

Incitación para generar caos

La denuncia ratifica en atribuirle a Corrales y a Guido incitación para generar caos social.

“De las conductas descritas –sostiene la denuncia– es posible identificar las intenciones de los señores Corrales Bolaños y Guido Cruz para asociarse con terceras personas ignoradas en este momento a través del Movimiento Rescate Nacional , con el objetivo de instigar públicamente a las personas para que se uni8eran a su grupo organizado y cometer los delitos mencionados”.

Aluden al alzamiento de 10 o más personas en distintos sitios del país para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de funcionarios públicos.

Más alarmante –destaca la denuncia– fue la violenta manifestación frente a Casa Presidencia con las agresiones a oficiales policiales.