Edgar Fonseca, editor

La empresa MH Industrias que ofreció al ICE entregar un lote de mascarillas sanitarias por ¢311 millones alegó “no estar afectada por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones”.

Así lo sostuvo la entidad al ratificar que no ha adjudicado la polémica adjudicación.

A la empresa oferente es ligada una nuera de André Garnier, ministro coordinador con el sector empresarial.

“El ICE reitera que no ha adjudicado esta adquisición y que el proceso se llevará a cabo en seguimiento estricto a los principios de transparencia y legalidad, asociados a la normativa de contratación administrativa vigente”, aseveró la institución.

La comisión legislativa de Control y Gasto Público citó a comparencia a la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, y a representantes de la empresa.

Le pidió ampliar información

Ante los cuestionamientos, el ICE anunció ayer jueves que “solicitó a Industrias MH que amplíe el contenido de la declaración jurada que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), donde afirmó no estar afectada por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones”.

Según el comunicado oficial, “dicha empresa fue la única que cumplió con todos los requerimientos técnicos en el proceso de contratación de mascarillas para el Instituto, tal y como consta en el expediente público 2020CD-000749-0000400001 en SICOP. Esto después de llevar a cabo un sondeo de mercado, en el que se invitó a varios proveedores para determinar la oferta más conveniente para la satisfacción del interés público”.

Válida y de buena fe

El ICE ratificó que, conforme los principios de contratación administrativa, “toda actuación desplegada por un oferente dentro de un procedimiento se presume válida y de buena fe”.

“No obstante –añadieron– en apego a los principios de transparencia y legalidad de los procesos de contratación del Instituto y, ante la posibilidad de que pueda existir una causal de prohibición que afecte la oferta de la empresa, el ICE llevará a cabo un análisis de la aptitud y la capacidad legal del oferente para ser contratado por una institución pública”.

La información solicitada quedará dentro del expediente público de contratación en SICOP, consignó la entidad. 

Posible proceso sancionatorio

No descartaron un posible proceso sancionatorio en este caso.

“La Ley de Contratación Administrativa determina que, si una empresa oferente participó en un procedimiento de contratación, pese a estar cubierta por el régimen de prohibiciones, la institución contratante estaría facultada para iniciar el proceso sancionatorio correspondiente”, citó la versión oficial.