Edgar Fonseca, editor

El candidato presidencial PLN, José María Figueres, demandó “una respuesta contundente” ante los escándalos destapados por el OIJ y la Fiscalía con una red de funcionarios y particulares ligados a una presunta malversación millonaria de recursos en contratación de obra pública.

“Este triste episodio exige una respuesta contundente”, puntualizó Figueres en su primera manifestación sobre el caso, el mayor escándalo de alegada corrupción en la gestión pública desde los casos que enfrentaron los expresidentes Rodríguez y Calderón en 2004.

Un total de 30 personas fueron detenidas, entre ellas distintos jerarcas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) así como los empresarios Carlos Cerdas, de la firma Meco, y Mélida Solís de H Solís.

El asesor presidencial en infraestructura, Camilo Saldarriaga, renunció a su puesto tras ser allanada su oficina en Casa Presidendcial pero no fue detenido.

Los detenidos enfrentan este martes desde la 1 p.m. una audiencia par definir las medidas cautelares que el Ministerio Público pretende se les imponga.

El director del OIJ, Walter Espinoza, reveló que los sospechosos estarían ligados a una presunta malversación de fondos de hasta ¢78 mil millones ($125 millones) en un caso que investigaban desde 2019 gracias a denuncias confidenciales.

El “grupo criminal” es ligado a dádivas de casas, viajes hasta servicios sexuales, según las investigaciones judiciales, dijo Espinoza.

Indignación, enojo

“Con indignación y enojo, los costarricenses recibimos ayer la noticia sobre investigaciones judiciales relacionadas con una red de corrupción en obra pública”, reaccionó Figueres a quien el escándalo ICE-Alcatel mantuvo alejado el país por 10 años hasta 2014.

“La corrupción es un cáncer contra el cual la lucha es permanente”, añadió.

Destacó que durante la campaña interna de mi partido, un gran “Acuerdo Nacional contra la Corrupción”.

Un acuerdo –dijo– basado en al menos tres principios:

a) el que la hace la paga, incluyendo separación inmediata del cargo para que las autoridades competentes investiguen;

b) transparencia absoluta en compras públicas – todas las adquisiciones se deben hacer vía el sistema electrónico existente (SICOP);

y c) modernización de la legislación anti-corrupción con asesoría permanente del Poder Judicial.

Figueres reafirmó su “confianza absoluta” en el sistema judicial.

“Tenemos confianza absoluta en nuestras autoridades judiciales”, aseveró.

“No debe existir impunidad, porque en Costa Rica nadie está por encima de la ley”, sostuvo.

“Sobre estas certezas descansa nuestra democracia”, enfatizó.