Mélida Solís quedó libre tras cumplir con fianza por $3 millones

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Edgar Fonseca, editor/Imagen Repretel

Vestida de negro y con una mascarilla sanitaria desechable, la empresaria Mélida Solís de la constructora H Solís, investigada y detenida por el escándalo Cochinilla, fue la última en quedar en libertad, la tarde de ayer martes, de las 30 personas arrestadas inicialmente.


Solis salió a eso de las 4:15 p.m. del centro de mujeres Vilma Curling, antiguo El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, tras cumplir con las garantías de una fianza por $3 millones que le impuso la jueza penal de Hacienda, Carolina Lizano.

A la salida la acompañó su abogado Francisco Campos y rápidamente abordaron un vehículo negro sin dar declaraciones.


La empresaria, de 61 años, fue trasladada en el fin de semana hacia ese centro desde las de celdas del OIJ.


Solís y el resto de investigados son vinculados por OIJ y Fiscalía a una supuesta red de sobornos y dádivas en contrataciones de obra pública que pudo causar un daño al Estado de unos ¢78 mil millones, según ratificó el lunes 14 de junio Walter Espinoza, jerarca policial.

Oficiales y fiscales ejecutaron en esa fecha 57 allanamientos y los 30 arrestos a la vez que inmovilizaron bienes y cuentas de los sospechosos en el mayor golpe contra supuesta corrupción en la gestión pública desde 2004 con los escándalos de los expresidentes Rodríguez y Calderón.

En el presente caso se estima que son 72 los investigados.

La Fiscalía no descarta citar más personas como imputadas.


El empresario Carlos Cerdas de la constructora MECO, también investigado y detenido, quedó libre la noche del lunes tras cumplir con las garantías de una fianza de $5 millones que le impuso la jueza Lizano.


Ambos tienen impedimento de salida del país, entrega de pasaporte, no acercarse a aeropuertos, testigos, ni a CONAVI, epicentro institucional del escándalo.


La decisión de la jueza Lizano fue apelada por la Fiscalía que mantiene su pedido de un año de prisión preventiva contra 14 de os investigados. La apelación irá en alzada a un juez del Tribunal Penal de Hacienda para que resuelva.