Editorial El Faro, San Salvador/Foto Victor Peña, El Faro
Controla la Asamblea, donde se crean y aprueban leyes; la Fiscalía, que tiene la potestad exclusiva de promover y ejercer la acción penal, es decir, de acusar; la Policía, para llevar a cabo capturas; controla la Corte Suprema de Justicia y, tras las reformas a la carrera judicial, controlará también a los jueces.
Para aquellos que el régimen o cualquiera de sus funcionarios considere enemigos, ya no hay escape. Cualquiera es ahora sujeto de persecución judicial, sin derecho al debido proceso; sin defensa posible. Ya no hay independencia judicial, ni garantías constitucionales ni recursos judiciales. Ya no hay Estado de derecho. Para los amigos del régimen, en cambio, ya no hay temor de que sus delitos sean castigados.
Las reformas aprobadas la noche del 31 de agosto son gravísimas, pero no sorpresivas. Desde hace meses hemos visto a ministros y diputados oficialistas amenazar a jueces con sufrir consecuencias si no resuelven de determinada manera; y les acusan de favorecer intereses de “benefactores” cuando juzgan en contra de la voluntad de Bukele y su grupo. No es, pues, un secreto el objetivo de la reforma aprobada con dispensa de trámite.
Este era un paso esperable en el proceso de desmantelamiento de la democracia y de concentración de poder, que el grupo que hoy gobierna inició el mismo día en que Nayib Bukele tomó posesión de la Presidencia de la República. Es un grupo que tiene a la intolerancia como ideología, el autoritarismo como ideal, la propaganda como estrategia y la corrupción como ejercicio exclusivo. Estas reformas significan un avance en el camino hacia sus objetivos, que son, en resumen, poner fin a nuestra era democrática.
Especial PuroPeriodismo: El Faro, San Salvador
