Edgar Fonseca, editor
Johnny Araya, alcalde de San José y excandidato presidencial PLN (2014), se separó temporalmente del partido en razón de las investigaciones en su contra por el escándalo Diamante de supuestas dádivas en contrataciones de obra pública cantonal.
“En virtud de los acontecimientos de los últimos días en el que he sido involucrado en una investigación y se me atribuyen diferentes delitos, he decidido separarme del Partido mientras se lleva a cabo este proceso de investigación”, dijo Araya en una nota enviada al directorio político del partido.
Araya y otros cinco alcaldes son vinculados por OIJ y Fiscalía en una supuesta red de dádivas ligada a las contrataciones de obra pública cantonal.
El candidato presidencial PLN, José María Figueres, aseveró que separó a Araya y a otros tres alcaldes ligados al partido de la campaña electoral.
Ayer lunes demandó que se les congelen los salarios mientras permanezcan suspendidos en sus funciones como lo ordenó una jueza penal de Hacienda.
Figueres no cree que el escándalo vaya a afectar. sus aspiraciones con miras a las elecciones del seis de febrero 2022.
Los otros cinco alcaldes investigados son Humberto Soto, Alajuela, Mario Redondo, Cartago, Alfredo Córdoba, San Carlos, Arnoldo Barahona, Escazú y Alberto Cole, Osa.
Soto, Córdoba y Cole, también son parte del PLN.
Todos alegan inocencia ante los hechos denunciados.
Araya considrera desproporcionada la medida de suspensión de seis neses de sus funciones.
La resolución fue apelada.
Alfredo Córdoba de San Carlos renunció a recibir su salario mientras dure la suspensión dictada por la jueza.
Sorprendido con posición de Figueres
“Me sorprenden, en primer lugar, porque las medidas cautelares no han sido resueltas de manera definitiva. Las medidas cautelares han sido apeladas lo que significan que no han adquirido firmeza”, reaccionó Araya ante la posición de Figueres en el caso de los alcaldes investigados.
“Me parece que sus declaraciones pueden estar induciendo a error, no sólo a los regidores del partido Liberación Nacional, sino también a otros regidores de otros partidos políticos integrantes de esos concejos municipales”, agregó.
Presunción de inocencia
“También me sorprende que José María Figueres pase por alto un principio fundamental de nuestra Constitución Política que es el principio de la presunción de inocencia”, afirmó en declaraciones vía audio.
“En nuestro país –dijo– siempre que a un ciudadano, en este caso a un funcionario público, se le investigue por cualquier hecho, debe privar el principio de inocencia”.
“Todo ciudadano de este país es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, de tal forma que cuando un trabajador público, en este caso un alcalde, sea separado de su cargo por alguna investigación, debe operar el principio de presunción de inocencia y no se pueden dar por ciertas las acusaciones que sean formuladas”, añadió.
