Edgar Fonseca, editor

Los seis alcaldes ligados por Fiscalía y OIJ a un presunto grupo criminal que recurría a dádivas en contrataciones de obra pública cantonal fueron suspendidos seis meses de sus cargos, resolvió este viernes el Juzgado Penal de Hacienda.

La medida abarca a Johnny Araya, alcalde de San José; Humberto Soto, Alajuela; Mario Redondo, Cartago; Arnoldo Barahona, Escazú; Alfredo Córdoba, San Carlos, y Alberto Cole, Osa.

Les fijaron, además, impedimento de salida del país; deben firmar cada mes ante los tribunales y no pueden acercarse a las municipalidades ni a testigos del denominado caso Diamante.

“Exagerada”

Araya calificó de “exagerada” la suspensión de su cargo.

“Estamos en desacuerdo con la medida cautelar que ha definido la juez”, enfatizó.

“Nos parece una medida cautelar absolutamente desproporcionada”, destacó.

Reclamó, a la vez, su derecho a mantener el salario mientras dure la suspensión.

Un regidor capitalino pretende que se le congele el salario durante ese periodo.

La continuidad de sus salarios la definirá cada municipio.

Otras medidas cautelares:

-arresto domiciliario para un gerente MECO de apellido Gutiérrez a quien Fiscalía y OIJ señalan como eje del supuesto grupo delictivo

-empresario Cruz, Explotec, medida cautelar alterna e impedimento de salida del país

Funcionarios municipales, medidas alternativas:

Castro Camacho,  San José

Chacón Ugalde, Alajuela

Boraschi González,  Escazú


Suárez Vásquez, Golfito


Mayorga Mayorga, Golfito

Procuraduría en condición de víctima

La Procuraduría confirmó que decidió apersonarse como parte procesal en representación del Estado en su condición de víctima, al proceso penal seguido bajo sumaria n° 20-9616-42-PE, seguido en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San José, contra Araya Monge y otros, por hechos relacionados con el caso conocido como “Diamante”, los cuales se encuentran bajo investigación.

Agregaron que el apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP tener conocimiento de la investigación, aportar prueba, y ejercer la querella y la acción civil por daño social para cobrar los daños y perjuicios en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública. 

La Procuraduría basa su iniciativa conforme el artículo 3 inciso H de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en representación del Estado Costarricense.

El caso Diamamte desató un terremoto público y político.

José María Figueres, candidato presidencial PLN, dijo que el escándalo no afectará su aspiración y anunció que separará a cuatro de los alcaldes de su campaña, quiene pertenecen a su partido. 

Se trata de Araya, excandidato presidencial, 2014, Soto, Córdoba y Cole.

Todos alegan que probarán su inocencia.