Edgar Fonseca, editor/Foto Casa Presidencial

El presidente Carlos Alvarado ve un atraso y un riesgo de incumplir con el FMI tras la consulta facultativa de constitucionalidad que interpuso la Corte Suprema de Justicia en Sala IV al cuestionar la nueva Ley Marco de Empleo Público recién aprobada por la Asamblea Legislativa.

Apenas aprobada, el pasado martes 7 de diciembre, la nueva por 36 diputados –esencial para el acuerdo por un crédito de $1.775 millones con el FMI– el presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz Castro, interpuso la consulta facultativa que deberá ser resuelta en un plazo de un mes por la Sala Constitucional.

En lo fundamental, el magistrado Cruz insiste que la nueva ley pone en riesgo la independencia de funcionamiento del Poder Judicial.

Según argumenta, la nueva ley podría estarse afectando las competencias constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto del gobierno del Poder Judicial, en materia de regulación, ordenamiento, dirección, control de la relación de empleo de los servidores judiciales, al trasladar parcialmente las indicadas competencias para ejercicio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, dependiente del Poder Ejecutivo, toda vez que permite que este dicte directrices y actos de alcance general obviando la existencia de los órganos de gobierno y administración del PoderJudicial.

Simultáneamente, 13 diputados interpusieron otra consulta de constitucionalidad al alegar que la nueva ley no se debe aprobar en periodo electoral.

Atrasa y riesgo

“La consulta constitucional es una herramienta que existe en nuestro ordenamiento jurídico y es de respeto que se utilice”, reacciinó el presidente Alvarado ante las acciones judiciales interpuestas.

“Obviamente –advirtió– dilata el proceso y eso retrasa el cumplimiento”.

“Eso –sentenció– pone en riesgo el acuerdo con el FMI”.

Al defender la nueva ley, Alvarado también criticó lo que llamó “condiciones especiales” del sector público.

“Subrayo un tema que es muy importante: el empleo público representa un 25% del empleo, el restante 75% y toda la sociedad y sus impuestos tienen que sostenerlo, y está bien porque así es como funciona, pero no puede ser que el empleo público tenga condiciones especiales frente al otro, y esto viene a cambiar esta situación”, aseveró.

“Ese 75% de personas que lo financian (al sector público), que necesitan sus servicios y que están en una situación desventajosa, pues no tienen un grupo que los aglutine, más que la opinión pública; el otro 25% sí tiene grupos que los aglutinen y que hacen presión”, fustigó. 

“Creo que ahí el cálculo está fallando por muchos lados, porque hay una mayoría ciudadana que está en el 75%”, remarcó.