Edgar Fonseca, editor

Cinco directivos de la CCSS suspendidos abruptamente el miércoles por orden del presidente Rodrigo Chaves se pusieron a la orden de la Fiscalía.

Los directivos no han sido notificados de la decisión del Consejo de Gobierno.

“Ante tales aseveraciones infundadas, y con fundamento en el Principio de Transparencia en la Función Pública estamos en la mejor disposición de colaborar con esta Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, dijeron los directivos en un escrito ante la Fiscalía.

En dicho escrito figuran: José Luis Loría Chaves, cooperativas, Maritza Jiménez Aguilar, solidarismo, Carlos Salazar Vargas, gobierno, Martha Rodríguez González, sindical y Jorge Hernández Castañeda, patronal.

La directiva no pudo sesionar ayer viernes debido a la ausencia de dichos directivos.

El presidente Chaves anunció la suspensión y una eventual denuncia penal contra ellos por supuesto conflicto de interés al haber aprobado el 8 de setiembre un aumento extraordinario para 63.000 empleados de la CCSS al que se opone el jefe de Estado.

Les atribuyó supuestas irregularidades claras, conflictos de interés y el potencial de delito penal.

“Los estamos llevamos a la Fiscalía para que haga una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera que pudieron haber incurrido”, aseveró.

No reveló sus nombres ya que requieren de notificación previa, conforme el debido proceso administrativo.

Aparte de la suspensión de los directivos, el mandatario también confirmó que entablará acción penal contra el expresidente ejecutivo CCSS, Alvaro Ramos, por haber avalado, sin la autorización presidencial, el reajuste salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500 para los empleados de oka Caja Costarricense de Seguro Social.

Chaves sostiene que dicho aumento fue aprobado sin que se le consultara por parte de los jerarcas institucionales, específicamente por Ramos.

El reajuste salarial entró a regir el 1 de diciembre al no haber impedimento legal.

Implica un gasto de aproximadamente ¢29.000 millones dando a que estaba congelado desde 2020.

Según Chaves, tendrá un fuerte impacto en la sostenibilidad financiera de la entidad.

El gobernante sostiene que la CCSS está en quiebra lo cual fue desmentido por Ramos.