Edgar Fonseca, editor
En medio de la alarmante reciente ola de homicidios e inseguridad, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) demandó ayer al gobierno del presidente Rodrigo Chaves declarar emergencia nacional.
El gobierno guardó silencio ante dicho llamado.
El miércoles anterior, Chaves admitió la gravedad de la ola de homicidios pero atribuyó a la prensa presentar una crisis de lo que ocurre.
Hasta la fecha el gobierno tiene pendiente de presentar una estrategia integral de combate a la inseguridad.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, dijo que lo harán en noviembre.
El 26 de enero, Chaves atribuyó a los ajustes entre bandas narco la grave ola de homicidios.
Esa es la razón fundamental sobre la que basa acciones, hasta la fecha, Seguridad Pública.
“Así de fácil, si quitamos los asesinatos entre bandas, Costa Rica sería un país mucho más seguro”, sostuvo Chaves el 26 de enero.
“No estoy diciendo que esté bien que jóvenes se maten entre ellos por la competencia, de las drogas, pero es la causa fundamental”, ratificó.
- Entre la noche de jueves y madrugada de viernes se suscitaron al menos 9 homicidios en distintas localidades, entre ellos: un triple asesinato en Limón y un doble homicidio en barrio Vargas Araya, Montes de Oca, por aparentes ajustes de cuentas entre bandas narco.
- José Álvaro Jenkins, presidente den UCCAEP, advirtió, en una reciente entrevista con este editor, el impacto negativo que tiene la ola de inseguridad en la imagen del país en turismo y negocios. Ver You Tube PuroPeriodismo
Cifras alarmantes
La cúpula de organizaciones empresariales hizo un vehemente llamado al Gobierno para declarar emergencia nacional ante el aumento de la criminalidad e inseguridad en el país.
Justificaron la petición ante las alarmantes cifras de este trimestre e incluso los primeros días de abril.
Precisaron que datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), revelan que en promedio este año ocurre un homicidio cada 12 horas; hasta el 12 de abril, el número de homicidios en el territorio nacional (217) superó en 42 los casos registrados el año pasado (175).
Destacaron, además, que el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, advirtió, que si no se toman “medidas urgentes” este 2023 podría cerrar con cifras récord de hasta 800 homicidios.
Ello superaría la tasa histórica de homicidios registrada al cierre del 2022, con 656 casos.
Dramática situación
El conglomerado empresarial califica dramática la pérdida de vidas humanas.
Advirtieron, a la vez, el creciente perjuicio al sector empresarial en distintos ámbitos como ocurre con el turismo, que recibe directamente el impacto negativo por la inseguridad o, de manera particular con el comercio detallista, blanco diario de asaltos a sus locales.
Según detallaron, el OIJ registra entre el 1° de enero y el 21 de febrero del presente año, 71 asaltos a locales comerciales, uno cada 18 horas en promedio.
Citaron en particular el caso de los empresarios del transporte de carga ante el aumento registrado en el número de contenedores sustraídos en lo que va de 2023. En el primer trimestre del 2022 hubo 24 casos y para este periodo se han reportado 31.
Los empresarios enfatizan la urgencia de emprender acciones con la eficiencia y eficacia atinentes a la realidad que enfrenta el país, reconociendo que se deben dar avances en materia legislativa, aprovechando que existe anuencia entre los Poderes de la República para actuar en esta vía.
Pero advierten que no es suficiente para enfrentar la lucha diaria contra el hampa y el crimen organizado, que amenazan la paz social y las oportunidades de desarrollo social y económico impulsadas por el sector empresarial privado.
Lamentaron que medios de prensa internacional como CBS, New York Post y TheWashington Post destacan la incidencia de las muertes violentas y los conflictos entre bandas ligadas a actividades ilícitas.
Según UCCAEP, esto impacta de manera negativa la imagen de Costa Rica tanto en el campo turístico como para el clima de negocios.
Presionan por dotar de herramientas al sistema judicial y penitenciario para fortalecer su trabajo, en aras de que recupere la paz de una atemorizada ciudadanía y evitar así un mayor desgaste social.
La seguridad ciudadana forma parte de los pilares que fortalecen la democracia, el clima de inversión y la generación de entornos sostenibles para la creación de empleo, resaltó el comunicado empresarial.
La Unión de Cámaras se pone a disposición de las autoridades nacionales para apoyar los esfuerzos orientados en conseguir acciones concretas que pongan fin a esta que es una de las principales preocupaciones de los costarricenses, ratificaron.
