Edgar Fonseca, editor

No se trata de un episodio cualquiera, ni de uno más en el marco de la cadena de ataques propiciada desde Casa Presidencial en este periodo contra el libre ejercicio de la libertad de expresión en el país.

No se trata de una anécdota pasajera de la que ahora tratan de desligarse, olímpicamente, desde el epicentro de esos arrebatos que tienen al país, vergonzosamente, en la mira y la censura de reconocidos organismos internacionales como Reporteros sin Fronteras.

Se trata de una amenaza directa contra la vida e integridad de la experimentada comunicadora Vilma Ibarra, por su firme posición de denuncia de esa estrategia de agresión, de desprestigio y deslegitimación de medios y periodistas independientes en que están enfrascados el Presidente de la República y su círculo íntimo.

Ante semejante amenaza, desde el anonimato de las redes, pero dejando el tufo de connivencia oficial, era necesaria la reacción de la que ha sido testigo la opinión pública.

Hicieron lo correcto diputados de todas las fracciones en censurar el ataque.

Se trata de la defensa de un régimen de libertad de información y expresión que sigue siendo modelo global a pesar de los afanes de esta administración por debilitarlo.

Se trata, no solo de la seguridad personal de un comunicador, como la de cualquier otro en el país, sino de la defensa de una conquista cívica, democrática, clave.

La ven de soslayo quienes desde Casa Presidencial se empeñan en alimentar, un día y otro, un efervescente clima de odio contra medios y periodistas incómodos a sus objetivos.

Un clima que aupa el servilismo y la sumisión y que tiene su vitrina semanal en un remedo de conferencia de prensa, burdo acto circense.

Un clima que, a lo largo de estos meses ha pasado por ejecutar acciones abruptas, atropelladas, contra medios y periodistas pero ha encontrado un freno crucial en la Sala Constitucional.

Se trata del resguardo de uno de los valores democráticos más preciados.

La denuncia judicial interpuesta por la periodista, corresponde con una particular preocupación suya por su seguridad, pero se convierte en uno de los más graves eslabones del ejercicio de un derecho y de una libertad que, ante todo, debería recibir máxima protección del Estado.

No corresponde por este incierto tramo que transita con este gobierno el país y ante el cual, como hicieron los diputados, deben redoblarse esfuerzos en su defensa.

Se trata de la defensa de nuestra democracia.