Edgar Fonseca, editor
Primero arremetió contra la Fiscalía adonde se presentó intempestivamente a pedir, en un acto sin precedentes, que le dieran cuenta de las presuntas causas en su contra.
Y ante el pleno de magistrados demandó justicia a su gusto.
“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República o al Sistema Judicial en general como obsceno cañón para disparar balas de odio, para avanzar sus intereses canallas”, reclamó.
Los altos jueces, atónitos, callaron. Solo uno de ellos apenas atinó a reaccionar. Especial Facebook Zoom PuroPeriodismo
La emprendió luego contra la Procuraduría General de la República, a la que quiso convertir en abogado estatal a sus órdenes y voluntad.
En esta cascada de atropellos, intromisiones e interferencias institucionales, de amenazas y ataques a quienes lo confronten, no duda en dinamitar puentes y vías de diálogo.
Su afán deslegitimador y de debilitamiento institucional ha sido evidente.
Ha sido la constante de gestión de un gobernante que hoy tiene en la mira a la Contraloría General de la República y a su titular, Marta Acosta Zúñiga.
Disconforme por resoluciones basadas en el ordenamiento, el frenazo al proyecto Ciudad Gobierno y el controversial negocio de Racsa con los escáneres para combatir al narco, arrancó el año con un ataque sincronizado y a fuego cruzado.
La incendiaria arenga navideña de su lugarteniente y jefa de fracción fue el preludio.
Hasta presionar, irreflexivamente, la cita con la Contralora.
No se esperaba la digna respuesta de la jerarca.
“Las múltiples insinuaciones negativas y constantes señalamientos irrespetuosos de su parte y de otros funcionarios de su equipo, a la institución que dirijo y hacia mí como Contralora General no son de recibo y, por el contrario, las rechazo de forma contundente”, le respondió.
“Ello -agregó– constituye en nuestro criterio una falta de respeto a la institucionalidad pública, a la función constitucional de la Contraloría, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, y un mal precedente para la sana relación entre los sujetos de fiscalización con el órgano fiscalizador”.
“La diferencia de criterio técnico es por supuesto válida y necesaria; así ha sido a lo largo de la vida institucional de esta Contraloría con diferentes administraciones, no así el comportamiento ofensivo hacia nuestra labor”, remarcó.
Se trata de un antes y un después en este turbulento rumbo con que el presidente pretende alcanzar sus objetivos.
La Contralora, como en su momento han procedido la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, refuerza un muro de dignidad, de defensa y garantía institucional ante el ejercicio abusivo, de imposición y arbitrariedad en que se anega el efímero inquilino de Zapote.
