Edgar Fonseca, editor

Fueron dos graves acciones con tintes terroristas en menos de 48 horas.

La primera el miércoles a pleno día en San Pedro de Montes de Oca contra un activista opositor nicaragüense, víctima del segundo atentado en dos años.

Él presume que fue obra de una célula terrorista del régimen de Ortega que opera en el país.

El gobierno, en un santiamén, lo descalificó, sin razones de peso.

El mensaje para la víctima es escalofriante.

La segunda, la noche del jueves frente a una torre de condominios en Nunciatura, Rohrmoser.

Sicarios fallaron en lograr su objetivo clave pero desataron un estado de pánico impensable en ese, hasta ahora, tranquilo sector capitalino.

Las dos acciones, aunque independientes, caen en el torbellino de la gravísima amenaza narco-terrorista que enfrenta el país y ante la que la respuesta desde algunos estrados oficiales sigue ambivalente.

El Poder Ejecutivo, en particular, sigue sin ofrecer una respuesta estratégica interinstitucional que unifique esfuerzos, dé luz y guía, brinde algún tipo de sosiego, y demuestre que tiene bajo su control enfrentar ese frenesí con que actúan las mafias narco-criminales.

Esfuerzos clave se concentran en la Asamblea Legislativa, en procura de reformas legales, necesarias pero, pareciera, insuficientes, ante la magnitud del embate.

¿Debe adecuarse, con carácter de urgencia, la legislación penal frente a los tipos de eventos terroristas asociados a las operaciones de las bandas narco y del nuevo crimen organizado?

¿Está el OIJ, el mayor cuerpo investigador y represivo del país, lo suficientemente preparado para contener esta nueva oleada criminal?

¿Cuenta con los equipos especializados: humanos y tecnológicos, que le permitan superar, a la brevedad, ese impase que le restringe a recolectar indicios, de manera reactiva, tras cada grave suceso, como atestigua la opinión pública, mientras decenas de gatilleros y sus jefes andan sueltos e impunes?

Bajo evidente limitada prevención, inteligencia, investigación y represión, y una legislación que demanda ponerla al día, los escenarios pintan tormentosos.

En la década de los 80, el país escapó a la convulsión que desangró a Centroamérica, gracias, en particular, a fulminantes y contundentes acciones del OIJ que decapitaron la amenaza terrorista de entonces.

Hubo una efectiva respuesta interinstitucional con el respaldo de la opinión pública.

Hoy, el entorno es mucho más desafiante y grave.

Se torna indispensable una reacción y una estrategia coordinada y sólida, apegada a los fundamentos institucionales bajo prueba de fuego.

Y la Fiscalía-Por qué guarda silencio ante las versiones propaladas de supuestos arreglos desde el gobierno con grupos criminales?