Edgar Fonseca, editor

Su deber constitucional es mantenerse al margen de ese proceso en el que están compitiendo los partidos políticos, donde los ciudadanos tienen que votar con total libertad“.

La magistrada Eugenia María Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, tomó tiempo de su apretada agenda el domingo de las elecciones municipales para reprender con esa frase al presidente que, en plena faena electoral, lanzó la especie de una posible sanción internacional al país por la decisión de excluir de los comicios a movimientos afines.

“Esto no fue a la Corte todavía, fue a la Comisión IDH. Hicieron preguntas muy filosas. El Tribunal contestó y la Cancillería envió un archivo de este tamaño, incluyendo, como debe ser, el fallo y las opiniones de los dos magistrados del Tribunal, los más seniors. Sin embargo, los tres más junior ganaron”, soltó el mandatario a los periodistas tras votar en Guadalupe, consciente que con sus palabras irrumpía donde le está vedado por normas constitucionales y electorales.

Y se aventuró a vaticinar un fallo contrario a los intereses patrios.

“Le corresponde a la Comisión decidir si hay mérito para ir a la Corte y si va a la Corte me preocuparía muchísimo, porque podría sancionar a la que es la democracia más pura de todo el hemisferio”, sostuvo.

En el fragor de la contienda electoral municipal de la que movimientos gobiernistas quedaron fuera por incumplir con la disposición constitucional de la paridad de género, el gobernante no se contuvo y se sumó a la insidiosa campaña de cuestionamiento a la resolución del TSE que se propagó con ardor desde las cumbres oficialistas.

Su jefa de fracción no tuvo empacho en sentenciar que nos rige una “dictadura legal”.

Hizo lo correcto la jerarca del TSE con su firme repuesta al desafortunado mensaje presidencial.

“En Costa Rica tenemos una saludable tradición; una regla que viene desde 1920, bajo la cual el Poder Ejecutivo debe mantener o procurar una disciplinada abstención de pretender incidir en el proceso electoral”, le recordó.

“Su deber constitucional es mantenerse al margen de ese proceso en el que están compitiendo los partidos políticos, donde los ciudadanos tienen que votar con total libertad”, le advirtió.

E hizo lo correcto y lo debido la magistrada presidente la noche de la sesión solemne de difusión de los resultados al defender con ardor un sistema electoral reconocido mundialmente.

Hizo lo correcto ante el país y ante la comunidad internacional.

“Nunca antes, de previo a una elección, como ha ocurrido en las últimas semanas, habíamos sido objeto de una ofensiva digital de desinformación tan agresiva, llena de calumnias y discursos de odio dirigidos contra las magistradas y magistrados de este Tribunal. Nunca antes, tampoco, se habían formulado tantas gestiones expresamente dirigidas a impedir la celebración de las elecciones o a impedirnos a nosotros, como jueces electorales, dirigirlas, como es nuestro deber constitucional”, denunció.

“Sabemos que, en distintos países del mundo, el ataque sistemático a las autoridades electorales, las campañas dirigidas a desacreditar a sus funcionarios y las teorías de la conspiración, que buscan promover la desconfianza en los resultados de las urnas y hasta la violencia política, son una lamentable tendencia. Lo sabemos. Pero ustedes también saben que el Tribunal Supremo de Elecciones, siempre cumplirá su mandato constitucional”, ratificó. 

Como la Contralora General, la presidenta del TSE defiende con gallardía un sistema institucional bajo fuego desde adentro.