Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom Facebook PuroPeriodismo

Exfuncionarios OIJ trabajan para bufetes corporativos que defienden a narcotraficantes, lamentó el director de dicho cuerpo policial, Lic. Randall Zúñiga, al evidenciar hasta dónde llega la fuga de personal de la institución por desincentivos profesionales y que este año podría alcanzar una salida de unas 150 personas. En cinco años suman 370 salidas, dijo.

Zúñiga enfatizó que ha visto en juicios a varios exfuncionarios del Organismo de Investigación Judicial que hoy trabajan para dichos bufetes.

Así lo sostuvo durante una amplia entrevista que concedió ayer a este editor vía Zoom Facebook Live en la que ratificó las proyecciones de una cifra superior a 900 casos de homicidios al final del año, en su mayoría por ajustes de cuentas entre redes del narcotráfico.

El jerarca, quien asumió el 29 de agosto de 2023, insistió en presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben un proyecto de ley que eximiría a los empleados OIJ de las restricciones salariales de la Ley Marco de Empleo Público que rige para todo el sector estatal, lo cual, en su criterio evitaría la deserción que resienten de personal calificado.

El 5 de marzo durante una conferencia de prensa, Zúñiga usó la amenaza del “narco-estado” como parte de la presión hacia los legisladores.

Ayer negó que él hubiese utilizado dicho término sino que se lo preguntaron.

Sin embargo, advirtió, el Poder Judicial: tribunales, jueces, fiscales, oficiales, son el último eslabón del Estado de derecho, que si es atacado por el crimen organizado podría poner al país a las puertas de la fase del narcoterrorismo que ha azotado a distintas naciones en la región.

También:

  • descartó, por razones presupuestarias, replicar operativos de “shock” como los implementados en enero en Limón que redujeron a cero la cifra de homicidios en el cantón central durante casi un mes
  • mantienen entre objetivos de captura a los fugitivos de apellidos Arias, alias “Diablo”, y Peña, alias “Tony”, vinculados a organizaciones criminales en el Caribe
  • de “Diablo” dijo que, en medio de la constante persecución en su contra, cruza la frontera y se refugia en Nicaragua donde no hay cooperación internacional de las autoridades para su arresto. Destacó el golpe a su estructura de operación en Pococí, Siquirres, Sarapiquí y otras localidades que ha incidido en una merma en los índices de violencia en la zona. La organización, aseguró, operaba una red de puestos de lotería clandestina que les generaba ganancias de hasta ¢10 millones diarios.

Que la policía no sea vulnerada

“Narcoestado”, una frase, una referencia muy fuerte proviniendo de usted la máxima autoridad en el OIJ. Muy fuerte por el momento que atraviesa el país y muy fuerte por la imagen que podría dejar para el país. ¿Se trató esto de una presión política desde el punto de vista del sector judicial para hacer entender y presionar a los diputados de la negatividad de ciertas reformas en cuanto a Ley de Marco de Empleo Público y la reforma fiscal? 

-Yo no soy el que digo la frase. A mí me la preguntan. Yo no hago la pregunta, no la sugiero. A mí no me gusta usar esa palabra porque nunca me ha gustado. De la boca mía no la va a escuchar y la vas a escuchar solamente hoy y no más.

La diferencia que hay en caer en esta situación tan agobiante que hay muchos países centroamericanos que ya están viéndose reflejados en ella, es, efectivamente, que la policía no sea vulnerada, que la policía pueda hacer su trabajo, pero cuando vemos que la fuga del personal que estamos teniendo. No solamente eso. Por ejemplo, hay varios juicios que yo he visto, varios excompañeros de OIJ que están trabajándole a bufetes corporativos que defienden narcotraficantes. Es parte también de la pérdida que estamos teniendo con todo este tema.

Quisiera que alguien me diga cuánto se ha ahorrado el estado costarricense en este año y resto de que estamos con esta Ley Marco Empleo Público. 

¿Cuánto ha sido el ahorro que han tenido a nivel país?, y ojalá, ¿cuánto ha sido el ahorro en OIJ? El ahorro en OIJ ha sido en términos negativos, más bien, se ha tenido que gastar ¢52 millones de más del presupuesto, porque de la misma ley tiene sus situaciones muy particulares que hacen que bueno, les aumente el salario no más a los nuevos, mientras que los viejos, que es lo que yo ocupo retener en buena medida, pues no les hace ningún aumento salarial. ¿Cuál es el costo beneficio?

No es una cuestión de que uno se quiera salir y punto. Es una cuestión de país.

¿Cuál es la lógica detrás de esta Ley Marco de Empleo Público cuando el 97% del personal de OIJ está con componentes solo hay un 3% de pluses? Tendríamos que esperar 30-40, años a que se vayan las personas para que se pueda ver alguna ganancia.

No hay un estudio técnico que me diga cuánto es el ahorro real que vamos a tener. El gobierno decía que era 1,20, ya después, en su momento, doña Pilar Garrido, que era ministra de Planificación, dice que es un 0,70 porque estaba incluyendo, cuando ya le toca responder ante la Sala Constitucional, los ingresos que se iban a generar, producto de la regla fiscal.

Entonces, el Estado costarricense dice por un lado que es 0,7, las universidades dicen que tienen sus escuelas de Economía, es un 0,14, del PIB. ¿Cuál es el ahorro real? 

Porque son 370 personas que han renunciado y ya nosotros hicimos el cálculo de cuánto le pagamos a esas 370 personas en su momento, fue una cifra de un ¢87 mil millones que les pagamos y se nos fueron, y no solamente eso, nos cuesta ¢2.600 millones reclutar al nuevo personal, sustituir a los que se fueron, y esas personas vamos a tener que esperar 3-4 años para que sean competentes, y eso nos va dar una cifra de costo para el Estado costarricense de ¢124 mil millones.

Hay que cerrar el portillo

Hablemos de números, hablemos de manera técnica, es que solamente decir que se va a abrir el portillo, vea el portillo ya está abierto. Se nos está yendo aquí el personal está más que abierto.

El asunto es ¿cómo cerramos ese portillo para que OIJ pueda permanecer competente?

Al final es muy fácil debilitar a los cuerpos policiales de esa forma quitándole el presupuesto y esto pues yo sé que a veces es la piedra de zapato de algún sector político, pero vea esa piedra en el zapato nos ha permitido a nosotros construir patria, construir una sociedad en la cual podemos andar en la calle con la seguridad que no nos van a secuestrar y si nos secuestran ya sabemos que la resolución de OIJ es prácticamente el 100%.

La industria del secuestro no ha ocurrido en Costa Rica gracias a la experiencia OIJ. En 24 años del nuevo siglo o del nuevo milenio, nadie ha fallecido en una toma de rehenes en el cual OIJ haya negociado algo.

La última que me recuerdo pasó fue en La Reforma pero no hubo negociación. Ahí se llevaron a unos policías y murieron creo que eran dos, pero no hubo negociación. Ahí un grupo criminal inmediatamente fue y actuó… hace poquito, hace semana y algo, se le metió un delincuente a la casa de una señora, de sesenta y resto de años, y OIJ fue y negoció y salvó la vida de esa mujer. Esa es la parte que yo digo que no es porque yo quiero que aquí me tengan una alfombra en la en la oficina que no la tengo, ni la quiero, ni la ocupo, es simplemente por Costa Rica… pero si se sigue debilitando, si se sigue yendo personal, si todos lo vemos a nivel macroeconómico de números pues está muy bien, los números están perfectos.

La apuesta final va a ser entre dos corrientes: una corriente va a ser la fiscalista que vea cómo estamos 5 años después y otra corriente va a ser la de seguridad. ¿Qué quiere el país? ¿Estar mejor a nivel de seguridad o estar muy bien en números macroeconómicos? La realidad del país, todos vivimos acá y a nivel macroeconómico pues nos irá muy bien pero a nivel individual ¿cómo está yendo?.