Edgar Fonseca, editor

La airada reacción del presidente Rodrigo Chaves tras la resolución de una jueza contencioso administrativa que suspendió un decreto de reducción de aranceles para importar arroz, fue censurada por la diputada Gloria navas, vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

“El Poder Judicial es quien interpreta y aplica la Ley, lo que declara un juez, eso se respeta”, sentenció Navas, una jurista de vasta trayectoria.

“Pero ese señor –lamentó– pasa peleando con el Poder Judicial”.

“No tiene la menor idea de lo que es eso”, criticó la legisladora.

Airado

Chaves no ocultó su disgusto por la resolución en la vía contencioso administrativa, durante la conferencia de prensa semanal.

“Porque me llamo Rodrigo Chaves, este tema del arroz no se va a quedar así porque yo no voy a permitir que los oligarcas industriales del arroz le sigan sacando plata a usted”, advirtió.

“Pero yo me llamo Rodrigo Chaves, acuérdese de mí, que esto no va a ocurrir sin una buena pelea dentro del marco de la ley”, remarcó en medio de gesticulaciones.

La resolución la dictó la jueza Patricia Lorena Calderón Rodríguez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Heredia.

Acogió una medida cautelar interpuesta en contra del Estado, expediente 22-005969-1027-CA-9.

“Se acoge la medida cautelar definitiva solicitada por los señores Róger Leiva Martínez, Mario Valverde Mora, Ólger Chamorro Santamaría, Wilfredo Angulo Duarte, Adolfo Valverde Sánchez, Alberto Alfaro Fernández, Eduardo Alberto Marín Cordero y Nelson Calderón Alfaro y se ordena la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 43.642 ‘Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación de Arroz en Granza y Pilado’”, consignó la resolución de la jueza Calderón.

La acción judicial la interpuso el Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífica Norte, en contra de un decreto ejecutivo del 12 de agosto, 2022, que bajó el arancel a la importación de arroz de 35% a 3,5%, para arroz con cáscara, y a 4% para arroz pilado.

La jueza Calderón destacó que dicho decreto generó una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales.

“Esto ha llevado a muchos pequeños y medianos productores a abandonar su siembra, sin que el Estado haya provisto una alternativa para quienes tenían su economía dependiente de tal producto y ahora se enfrentan a la quiebra de sus micro y pequeñas empresas”, añadió.