PuroPeriodismo/Confidencial

El ataque de Daniel Ortega en contra de la banca en Nicaragua, es una muestra de su interés por controlar uno de los pocos sectores de la economía que el capital de su familia no ha podido copar: el financiero, coinciden el abogado Eliseo Núñez y el economista Enrique Sáenz, informa el sitio independiente Confidencial que opera desde el exilio en San José.

Así lo destacaron en una entrevista del programa Esta Noche, que se transmite en línea por la censura televisiva instaurada por el régimen Ortega-Murillo.

El 18 de mayo, al finalizar el acto oficial por el 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, Ortega amenazó a la banca nacional de la que, dijo, “parece cómplice” de las personas, medios de comunicación y organizaciones confiscadas por su régimen, a quienes calificó como estafadores. 

“Ahí están pegando brincos algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores (…) se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables”, aseveró.

Así, el discurso del dictador respondería a una estrategia de chantaje. Núñez, por ejemplo, opina que “Ortega está buscando cómo llegar a un punto en que pueda obligar a los bancos a darle algún tipo de participación dentro de su capital accionario”, versión que Sáenz refrenda, al asegurar que el discurso de Ortega es parte de una estrategia mafiosa.

El primer elemento que le lleva a esa conclusión, es la aprobación de políticas monetarias que permiten a la banca privada volver a tener tasas de rentabilidad similares a antes de 2018, que es “bastante más que el promedio centroamericano”.

A su juicio, eso evidencia la existencia de un contubernio porque Ortega no les daría la oportunidad de tener grandes ganancias si él no recibiera algo a cambio. “Estas presiones nada tienen que ver con las hipotecas (de las propiedades confiscadas a los desnacionalizados), que serían centavos en comparación con las ganancias de los bancos”, sino que los presiona con otros propósitos.

Se refiere a la investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), que valora las ilegales confiscaciones de bienes efectuadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua en, al menos USD 250 millones los que tendrán que pagar los ciudadanos, al constituirse en deuda pública.

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