Edgar Fonseca, editor
Impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, no mantener contacto ni cercanía con testigos, son parte de las medidas cautelares que pidió la Fiscalía contra los cuatro detenidos, entre ellos el exministro MOPT, Mauricio Batalla, por el denominado caso Pista Oscura que investiga supuestas anomalías en la contratación de obras en el aeropuerto internacional Oduber, Liberia. El monto del contrato cuestionado adjudicado a la constructora MECO fue por $39,9 millones.
Batalla fue detenido la mañana del martes.
También fueron detenidos: Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción pidió, ademas, prohibición de perturbar a testigos y de acercarse e ingresar a las instituciones involucradas: Comisión Nacional de Emergencias, Aviación Civil y Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las medidas fueron gestionadas la noche de miércoles.
Los detenidos quedaron libres a las 11 p.m. del miércoles pero debían asistir este jueves en una audiencia que definirá las medidas cautelares.
En contra de los tres funcionarios activos últimos, la Fiscalía requirió la suspensión del cargo.
Investigación. Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República.
Aparte de Castillo, Villalobos, Batalla y Picado, en la causa se investiga a otras 10 personas de apellidos Naranjo Elizondo (exdirector de Aviación Civil), Amador Jiménez (exministro del MOPT, ya indagado por la Fiscalía General), Marín Fallas (jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Díaz Quintana (exministra de la Presidencia), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro Junta Directiva de CONAVI), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (Presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).
Fuente: Prensa Ministerio Público
