Abruptas destituciones en Banco Nacional/Tribunal Contencioso-Administrativo decidirá suerte de resolución del Consejo de Gobierno

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Edgar Fonseca, editor/Imagen You Tube PuroPeriodismo

La suerte de la resolución que dictó abruptamente el Consejo de Gobierno el 28 de mayo al destituir a siete directores del Banco Nacional está en manos del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

La medida fue impugnada por cuatro de los directores:  Ruth Belarmina Alfaro, Montserrat del Carmen Buján, Marcela Alpízar Chacón y José Bernal Alvarado.

El tres de junio, el Tribunal dio plazo tres días hábiles a la Procuraduría, como abogado del Estado, para que justifique las razones de la decisión.

Se desconoce la posición de la Procuraduría.

El economista José Luis Arce, Director de Análisis y Estrategia de la firma FCS Capital, reconoció que la autonomía y la legalidad de las actuaciones de la nueva junta directiva quedaban en vilo pendientes de lo que resuelva el Tribunal Contencioso. Ver entrevista You Tube adjunta

Los directivos pidieron ante el Tribunal la suspensión de las destituciones y su restitución, como medida provisionalísima.

La resolución está en manos de dicha jurisdicción.

Grotesco espectáculo político

El economista Arce criticó como grotesco espectáculo político el intempestivo anuncio hecho en Casa Presidencial de las destituciones y nombramientos. Así lo aseveró durante una entrevista que concedió a este editor vía Zoom Facebook el miércoles cuatro de junio.

-¿Cómo calificarí­a esta decisión del Poder Ejecutivo? ¿Una interferencia, una intromisión, una vulneración a la independencia, a la autonomí­a de una institución como esta bancaria , o una violación desde el punto de vista legal?

-Lo que podemos ver los que estamos fuera del Banco Nacional y los que estamos fuera del Ejecutivo, lo que vemos es una forma de actuar, de comunicar del Ejecutivo, de Casa Presidencial y del Presidente que tiende a sembrar dudas sobre el funcionamiento de una organización para proceder, por ejemplo, a hacer un cambio en su órgano de dirección principal y aquí­ hay que tener claro ciertas cosas. 

Si una junta directiva de una empresa de propiedad estatal hace algo mal, existen canales no solo para transparentar eso, sino para controlar eso que establece nuestro marco jurí­dico institucional y, para corregireso. 

La forma tan escenográfica, tan me parece grotesca, en alguna medida, en que se hace, no hace más que duda, no hace más que pensar que detrás de esto, lo que hay probablemente es más un espectáculo de naturaleza polí­tica y menos un tema que amerite realmente que el Consejo de Gobierno destituya o sustituya a una junta directiva. 

No es una cuestión que los miembros de juntas directivas de empresas de propiedad estatal son inamovibles. Obviamente tienen que responder por sus actos. 

Aquí­ es ,¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué mencionar, por ejemplo, el tema del crédito, un presunto crédito que no se sabe si existe o no?, tratando de sembrar dudas en la comunicación y en la opinión pública para justificar una medida que lo que puede, lo que podría llevar es a tomar un control más polí­tico o más fuerte sobre este banco. En esa comunicación es donde está el error.

La forma de hacerlo tan mediáticamente. Sembrar una duda en un tema en donde sabemos desde hace muchos años, por ejemplo, que las juntas directivas de los bancos estatales y, es más, las juntas directivas de todos los bancos, por normas de gobierno corporativo que han establecido los órganos de supervisión del sistema financiero, no dan créditos, ni participan en las decisiones de crédito, para eso existe toda una estructura administrativa que es la que se encarga de eso. ¿Por qué? Porque ya en el pasado nos quemamos con leche y, como dice el dicho: “hasta la cuajada soplamos” con eso. 

Recordemos simplemente el Banco Anglo Costarricense. Desde esos errores y desde las mejores prácticas internacionales, ese tipo de dudas y de comentarios que son en alguna medida espectaculares, insidiosos, lo que hacen es más tener efectos polí­ticos que reales y eso debilita la gobernanza y la confianza que puedan tener las personas en las instituciones y en el accionar del Ejecutivo.

Por la forma en como se hace es lo más malo. Es hacerlo de una manera, que no corresponde a los canales institucionales y lo que nos hace es pensar de que lo que se quiere es tener un órgano de dirección de una entidad que deberí­a ser más independiente, que tiene autonomí­a e independencia de gobierno, probablemente más afí­n a Casa Presidencial básicamente. Porque todo pareciera indicar que el exabrupto está asociado con el nombramiento de la gerenta general. Igual sucedió en el caso de CINDE, que es un caso distinto porque CINDE es una organización de naturaleza de mixta, cuando no se nombra una persona cercana al Ejecutivo, entonces empieza también el exabrupto que conduce a que CINDE sea desfinanciado. Es un poco la sensación que cuando no se atiende esa idea polí­tica incorrecta de que si de que del Ejecutivo emana una dirección, una jerarquí­a directa, rí­gida, al resto de los órganos públicos y si eso no se cumple, eso amerita un castigo de este tipo, es de lo que creo lo más negativo de esta situación.

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