-EE.UU. prueba capacidad de reacción institucional del país con pedido urgente de extradición, advierte penalista Ewald Acuña
Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo
La Fiscalía General debe abrir de inmediato una investigación sobre la revelación del informe DEA de extradición del exmagistrado Celso Gamboa que menciona el supuesto apoyo desde el gobierno para el tráfico de cargamentos de cocaína por el país.
Así lo advirtió hoy el exjuez y penalista, Lic. Ewald Acuña, quien ratificó que, dada la gravedad de la revelación, la Fiscalía debe abrir un expediente para indagar y sentar eventuales responsabilidades.
“Se está poniendo en conocimiento la existencia de delitos, de delitos gravísimos, que a quien responde investigar y acusar es a la Fiscalía General”, remarcó.
Alertó que, con esta gestión, las autoridades de EE.UU. ponen a prueba la capacidad de reacción institucional del país y su cooperación con mecanismos de persecución del derecho penal internacional ante delitos como el narcotráfico.
En el país, dijo, hay políticos y empresarios que por “inmunidades informales” no son objeto de persecución penal, lo cual no opera en el sistema estadounidense.
Acuña no cree que jerarcas se hayan prestado a lo denunciado aunque sí estima posible que “mandos medios” participen.
“Veo difícil que jerarcas se hayan prestado a colaborar tan expresamente en el tráfico internacional, pero sí creo que es posible que mandos medios vuelvan la cara y dejen pasar los cargamentos”, afirmó.
Según el informe DEA, el exmagistrado Gamboa habría confesado a dos agentes confidenciales la presunta cooperación desde el gobierno en el trasiego de drogas, hecho por el cual las autoridades estadounidenses le abrieron causa en los tribunales de Texas.
“El señor GAMBOA SÁNCHEZ les dijo a CS-1 y CS-2 que el gobierno concede a la DTO el acceso para que los cargamentos de cocaína ingresen al país, pero que la DTO controla cómo se introduce la cocaína a Costa Rica, así mismo, les dijo a CS-1 y a CS-2 que la recepción de la cocaína está 100 % garantizada”, cita el extracto del informe de la DEA en dicho caso divulgado por distintos medios nacionales entre ellos La Nación y CR Hoy.
“Fui Director de Inteligencia en Costa Rica y Ministro de Seguridad y Control de Drogas”, ratificó el exmagistrado ante informantes confidenciales DEA, según dicha versión.
El caso desató una tormenta política y tiene al gobierno contra las cuerdas y a la defensiva.
Tras una semana de haber estallado el escándalo, Casa Presidencial no ha emitido ningún pronunciamiento de desmentido de lo mencionado en el informe DEA.
El exjuez Acuña y el experto constitucionalista, Dr. Rubén Hernández, analizaron las implicaciones jurídico-legales de la gestión de extradición, entablada hace una semana por el gobierno de EE.UU., con base en una reforma al artículo 32 de la Constitución Política que permite, por primera vez, la extradición de nacionales en casos de narco y terrorismo.
Compartieron sus apreciaciones en un intercambio con este editor hoy lunes vía Zoom Facebook Live. Video adjunto.
Descartan inconstitucionalidad
El Dr. Hernández descartó que prosperen recursos de recursos de inconstitucionalidad elevados ante la Sala IV en las últimas horas, ya que no observa ninguna violación a dicho ámbito.
Deben ser rechazados por la Sala IV, son improcedentes, destacó dicho jurista.
El Lic. Acuña tampoco ve violaciones a la Constitución, la Ley de extradición y al Tratado con EE.UU.
Segun dicho penalista, con la gestión de extradición, EE.UU. envía un mensaje al país que en la persecución de este tipo de delitos no hay diferenciación por tratarse de un exfuncionario de alto cargo.
Las autoridades norteamericanas ponen a prueba la capacidad de reacción institucional del país, advirtió.
“Nos están midiendo la capacidad de reacción, conforme la garantía constitucional y el tratado internacional y la legislación nacional, de cuan eficientes podemos ser en el cumplimiento de mecanismos de cooperación internacional. Si esos mecanismos fracasan por razones dudosas, por supuesto que nos van a ponen la lupa y seremos tremendamente cuestionados”, alertó.
“En este momento los tribunales de justicia están examinando el cumplimiento de los requisitoa legales. No es un juicio de responsabilidad. Si los requisitos legales se cumplen, lo procedente es dictar la extradición”, insistió.
El exmagistrado Gamboa, quien tuvo una meteórica carrera pública hasta ser viceministro y ministro de Seguridad en 2011 y 2015, respectivamente, pasó este último año a fiscal general adjunto y en 2016 fue designado por la Asamblea Legislativa como magistrado de la Sala III Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fue destituido en 2018 bajo graves cuestionamientos en el ejercicio del cargo.
La noche del lunes 23 de junio fue detenido cuando salía de su residencia en Escazú, ante pedido urgente de la embajada de EE.UU. por eventual riesgo de fuga. Permanece en una celda de Máxima Seguridad, La Reforma.
Relacionado con el caso de Gamboa, las autoridades detuvieron ese lunes en Cahuita, Limón, a un individuo de apellido López, alias Pecho de Rata, exconvicto narco.
Ewald Acuña: la Fiscalía General debe investigar de inmediato
–Para efectos de las relaciones bilaterales, este es un tema extremadamente sensible. ¿Cabe o implicaría una reacción por parte del gobierno en este trámite que se está presentando?
No señor. De parte de quien demanda una reacción inmediata es de la Fiscalía General.
¿Por qué de la Fiscalía General?
-Porque se está poniendo en conocimiento la existencia de delitos, de delitos gravísimos, que a quien corresponde investigar y acusar es a la Fiscalía General.
–¿Qué pasa con las atribuciones que se hacen al sector oficial, al sector gobierno? Quedan expuestos por parte de ese informe de la DEA, es un informe oficial, es un informe de revelaciones muy graves. ¿Ameritarían alguna posición oficial, aclaratoria en el trámite o no?
-No hay ninguna injerencia del Poder Ejecutivo, salvo de servir de canal de comunicación a través de la Cancillería con la Corte. La división de poderes aquí tiene que funcionar. A quien le corresponde investigar esas revelaciones es al Poder Judicial específicamente a la Fiscalía General. A nivel político, punto y aparte, será el Poder Ejecutivo el que haga manifestaciones, pero dentro del ámbito político.
–¿Cuál sería por parte de la Fiscalía el procedimiento en estos momentos ante una aseveración tan delicada, tan grave, para el ámbito de las relaciones bilaterales sobre todo en el tema de la persecución del narcotráfico y el sicariato que va en ola incontenible en este año?
-Solicitar cooperación internacional. Específicamente, un exhorto a través de los tribunales de justicia costarricenses solicitándole a la corte de Texas que en el momento en que su legislación lo permita, comparta toda esa información recabada por parte de la DEA.
