Edgar Fonseca, editor
En una resolución histórica, el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia resolvió pedir el retiro de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves lo cual fue aprobado por 15 magistrados y 7 en contra.
Se trata de una resolución histórica pues es la primera vez que se aplica a un mandatario en el ejercicio de funciones.
La Corte elevará el expediente 25-000019-0033-PE, ante la Asamblea Legislativa que decidirá en definitiva si retira la inmunidad a Chaves.
La causa en su contra fue elevada por la Fiscalía General que investiga un presunto delito de concusión con el uso de $405 mil, fondos del BCIE, en una campaña de imagen y comunicación de Casa Presidencial.
También pidieron retirar la inmunidad al ministro de Cultura, Jorge Rodriguez Vives, imputado en el mismo caso.
La Fiscalía General dio a conocer la acusación el 7 de abril.
En el caso, según la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.
Según la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato.
Efervescencia
La decisión de la Corte hace crecer la efervescencia política en medio del choque entre el gobernante, el Poder Judicial y la Fiscalía.
Chaves encabezó una marcha pública el 18 de marzo en las inmediaciones de la Corte, barrio González Lahman, que remató frente al edificio del Ministerio Público, con llamados al fiscal general, Carlo Díaz, a renunciar.
La resolución judicial trasciende en momentos en que el mandatario enfrenta la polémica revelación de un informe de la DEA de supuesto apoyo desde el gobierno para el trasiego de cargamentos de cocaína por el país.
La revelación apareció en el extracto de un informe de la DEA en el que dos agentes confidenciales aseguran que el exministro de Seguridad y exmagistrado, Celso Gamboa, confesó recibir dicho apoyo desde el gobierno.
Gamboa fue detenido el lunes 23 de junio.
El gobierno norteamericano presentó ante la Cancillería gestión urgente de extradición en su contra con base en una acusación por narcotráfico internacional entablada en una corte de Texas.
Por segunda vez, en menos de una semana, el presidente Chaves negó conocer o tener contactos con Gamboa.
La Presidencia no ha desmentido la grave mención hecha en el informe DEA.
El exjuez y penalista Ewald Acuña demandó una investigación inmediata de la Fiscalía General ante dicho informe que, dijo, alude a “delitos gravísimos”.
El exmagistrado permanece preso en Máxima Seguridad de La Reforma.
La gestión de extradición la presentó el gobierno norteamericano al amparo de una reciente reforma al artículo 32 de la Constitución que la permite en el caso de nacionales requeridos por narco y terrorismo.
Abogado del Presidente dice que no les preocupa
“No nos preocupa en absoluto la decisión tomada por la Corte Plena esta tarde de remitir a la Asamblea Legislativa la solicitud de remoción de fuero al señor Presidente”, reaccionó el abogado José Miguel Villalobos, defensor de Chaves, en un audio enviado a los medios.
“Inclusive era esperable, no representa ninguna sorpresa, más allá de que hubo siete votos, más de los que pensábamos, que se manifestaron en que la acusación no cumplía con los requisitos básicos para tomar ese acuerdo”, enfatizó.
“Llegará un momento en el cual habrá que recusar a algunos diputados que han adelantado criterio y otros detalles que van a ser muy interesantes”, adelantó.
Según Villalobos, la Corte le tiró una brasa caliente a la Asamblea en un momento que la Asamblea no estaba lista para ello y en medio de una tormenta mediática de diferentes temas de interés nacional, y ya la Corte simplemente se quitó un problema de sus manos y se lo tiró a los diputados.
“Tengo la conciencia tranquila y la trayectoria limpia”, reaccionó por parte el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también imputado.
“Si hoy se intenta usar el derecho penal con motivaciones políticas, confío en que la verdad y la justicia prevalecerán”, añadió.
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