Edgar Fonseca, editor
La Asamblea Legislativa se abocará este lunes a una sesión de carácter histórico: decidir si levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en el caso de presunta concusión que le atribuye la Fiscalía General con fondos del BCIE.
Nunca antes, en 75 años de vigencia de la presente Constitución Política, un presidente en ejercicio había sido sometido a este trámite.
Chaves niega los cargos en su contra y lo atribuye a un “montaje” de la Fiscalía.
Se requieren de 38 votos, mayoría calificada, para que se apruebe el levantamiento el fuero de improcedibilidad penal.
Si se aprueba, la causa la verá la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
En un ambiente cargado de tensión e incertidumbre, al cierre de la semana no había certeza que se alcanzara dicha cifra, debido a ausencias de legisladores y al rechazo de otros a aprobar la decisión.
Al menos 33 diputados habían comprometido su voto de apoyo al retiro de la inmunidad.
En círculos legislativos se consideraba clave el voto de los diputados PUSC para que haya aprobación.
Bulgarelli aviva tensión con audio de supuesta presión
El productor audiovisual Christian Bulgarelli –testigo de la corona de la Fiscalía en la acusación contra Chaves– agitó aún más las aguas al denunciar en las últimas horas al presidente, por una supuesta presión para que cambiara su declaración en el caso del cuestionado manejo de fondos BCIE.
Chaves enfrenta el cargo de presunta concusión en dicho caso a raíz de manifestaciones de Bulgarelli.
Según su versión, en un contrato por $405 mil con fondos BCIE para una campaña de imagen Casa Presidencial, el mandatario supuestamente le pidió dar $32 mil al ex asesor Federico Cruz conocido, como Choreco, para un enganche de alquiler con opción de compra de una residencia.
La alegada presión para que presuntamente se desdijera de su declaración inicial—según la reciente denuncia de Bulgarelli— le fue transmitida en un audio con la supuesta voz del gobernante.
“Cuando se fuma la pipa de la paz se entierran las hachas y los instrumentos de guerra, palabra empeñada es palabra cumplida”, reproduce el audio entregado por el productor Bulgarelli con la alegada manifestación del mandatario.
“Era un intento de que yo mintiera, para evitar que se le levantara la inmunidad al presidente”, aseveró Bulgarelli en la denuncia ante la Fiscalía.
El audio, según Bulgarelli, se lo hizo llegar el representante país BCIE, exdiputado PUSC, Erwen Masís, a través de familiares suyos.
“Quiero dejar claro que las amenazas del presidente y de Erwen Masís son para que yo cambie mi versión y mienta respecto a los hechos”, ratificó Bulgarelli, imputado, también, por el caso BCIE.
Masís, exdiputado PUSC, designado por Chaves al BCIE, no ha emitido reacción ante lo dicho por Bulgarelli.
La declaración de Bulgarelli
La declaración de Bulgarelli ante la Fiscalía consigna hechos que habrían ocurrido el 24 de febrero 2023.
El 5 de setiembre, la diputada Andrea Álvarez, PLN, quien presidió la comisión legislativa que recomendó al plenario aprobar el levantamiento de inmunidad a Chaves leyó tres extractos de la declaración de Bulgarelli ante el fiscal general, Carlo Díaz.
Los extractos del oficio FGR-498-2025 los divulgó La Nación.
“Por el contrato con el BCIE, se me pagó la totalidad del dinero, que ascendió a la suma de $405.800. El presidente me dijo que tenía que darle a Federico (Cruz) dinero de lo que había recibido del contrato con el BCIE, dinero que en realidad era una comisión. De este dinero, Federico se vio beneficiado, tal y como me lo exigió el presidente, es decir, por orden del presidente, específicamente fue beneficiado por un monto de $32.000”.
“Además de los momentos en que el presidente me exigió que beneficiara a Choreco con el contrato, tuve otras conversaciones con el presidente. Entre ellas, una en la que estuve solo con él, en el patio de su casa en Monterán. Me preguntó si hice lo que me había exigido, darle la plata a Choreco, lo que se sabía que era la plata del contrato del BCIE. Le dije que sí. Él insistió en que no lo abandonara y que no dejara de ayudar a Choreco“.
“Quiero indicar que, por temor a represalias, tanto para mi familia como para mí, por el tipo de gobierno, como lo mencioné al principio de esta declaración, no me había atrevido a mencionar que el presidente fue quien me exigió que Choreco debía ser beneficiado con el contrato del BCIE, debiendo favorecerlo con el dinero que el banco me pagara por el producto del contrato. Quiero indicar que yo accedí, debido a que me siento obligado por ser una orden del presidente”.
El caso lo tramita a Fiscalía bajo el expediente: 25-000019-0033-PE.
La acusación la formuló la Fiscalía el 7 de abril anterior.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa, anunció el Poder Judicial al dar a conocer la noticia de la acusación.
Aparte de Chaves y Bulgarelli también figura de imputado el actual Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, extitular de Comunicación quien renunció a su inmunidad para enfrentar la causa.
La acusación de la Fiscalía contra Chaves
La Fiscalía General presentó este lunes una acusación en contra del presidente de la República, Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, por el delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, en el cual, la Fiscalía General investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.
Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato.
Criterio de oportunidad. En este expediente, la FG aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.
Adicionalmente, en contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
Fuente: Poder Judicial
