Puro Periodismo/BBC Mundo
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está en la mira de la ONU, que recientemente ha denunciado la existencia de una red que opera fuera de las fronteras de Nicaragua para perseguir a opositores en el exilio.
En un nuevo informe publicado el pasado 10 de marzo, el Grupo de Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua menciona, por ejemplo, el caso de Kevin Solís, un exlíder estudiantil que fue amenazado con un arma de fuego el 1 de noviembre de 2025 cerca de su casa en España.
También revela un entramado del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para el financiamiento de la represión.
Es toda una arquitectura de vigilancia e inteligencia que incluye al ejército, la policía, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), las misiones diplomáticas y el partido.
Tiene un componente político que es dirigido por la jefatura de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar (DICIM), que determina la estrategia y los objetivos.
Pero hay un componente operacional también que sale de la Dirección de Información para la Defensa (DID), que ejecuta acciones de vigilancia.
Hay vigilancia en el terreno, vigilancia digital, hackeo de cuentas, spyware, monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones, campañas de difamación, sobre todo digitales, con granjas de trolls y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista y al partido que difunden acusaciones falsas, de terrorismo pero sobre todo de narcotráfico.
Existe la vigilancia física y tenemos varios casos de agentes encubiertos que siguen y fotografían a exiliados, principalmente en Costa Rica y Honduras, pero también en Bélgica, España y Estados Unidos.
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