Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ
El OIJ y al Fiscalía asestaron un fuerte golpe esta madrugada a una red de operadores narco que utilizaban pistas clandestinas en la zona sur para introducir y movilizar grandes cargamentos de cocaína hacia el norte del continente.
Hubo 25 allanamientos y pretendían 11 detenciones en sitios como Coto Brus, Puntarenas, Tacacorí, Alajuela, Guápiles, Limón, Barva, Heredia, Goicoechea, San José, así como en Santa Cruz y Cañas, Guanacaste.
Según el Organismo de Investigación Judicial, desde principios del año 2024 se habría iniciado una investigación contra un sujeto, quien en apariencia se dedica a coordinar el transporte de droga que ingresa por la zona sur del país, para posteriormente trasladarla hasta la zona norte, específicamente a la provincia de Guanacaste. Según la hipótesis policial, en ese sector la sustancia ilícita presuntamente era enviada hacia el norte del continente mediante el uso de pistas clandestinas.
El sospechoso, en apariencia, contrataba los servicios de otros grupos criminales dentro del país, quienes presuntamente colaboraban en la ejecución de estos trasiegos, añade el reporte oficial.
Los traslados se realizaban mediante vehículos que contaban con compartimientos ocultos, los cuales habrían sido modificados con el fin de minimizar el riesgo de detección por parte de las autoridades policiales.
Según las autoridades, entre los detenidos figuran varias personas que, aparentemente cumplían funciones relacionadas con custodia, seguridad y coordinación logística dentro de la presunta estructura criminal.
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos del país, específicamente en Coto Brus de Puntarenas, Tacacorí de Alajuela, Guápiles de Limón, Barva de Heredia, Goicoechea de San José, así como en Santa Cruz y Cañas, en la provincia de Guanacaste.
Se dio el decomiso de aparente droga, vehículos con alteraciones en su carrocería, automotores de alta gama, dinero en efectivo
Se informó que los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, a fin de que se determine su situación jurídica conforme al debido proceso.
