Edgar Fonseca, editor
Un llamado de la presidenta Laura Fernández para un encuentro este viernes con jerarcas de los otros poderes sobre la emergencia nacional de seguridad, fracasó al anunciar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre, que no asistirá.
El jerarca judicial descartó hacerse presente en una nota que envió a la mandataria difundida en los medios.
“Cuando usted anunció la reactivación de las reuniones entre los Presidentes de los Supremos Poderes, el Poder Judicial recibió favorablemente la iniciativa”, manifestó Aguirre a la gobernante.
“Desde el inicio –añadió– incluso antes de conocer los términos de esta convocatoria, señalamos los criterios necesarios para los procesos de diálogo: cumplimiento de las obligaciones sobre financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y pleno reconocimiento de las competencias de cada Poder”.
“Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo que comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella”, puntualizó.
“Un espacio entre Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos”, sostuvo Aguirre en la nota 326-P-2026 que trascendió este jueves un día antes de la cita planeada por Casa Presidencial.
“Sin embargo, un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, advirtió.
“Esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución establece para la adopción de decisiones en cada poder. En el caso del Poder Judicial, su gobierno corresponde a la Corte Plena, órgano al que la ley confía la definición de las políticas generales de la institución”, afirmó Aguirre.
“Enfrentar la criminalidad actual exige también modernizar profundamente nuestra legislación procesal penal. El Poder Judicial trabaja ya en una reforma integral del proceso penal, cuyo resultado se prevé poner a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027”, destacó el máximo jerarca del Poder Judicial.
“Mientras ese trabajo avanza, desde 2025 se encuentra planteado ante las y los diputados el expediente N.° 24.913, una reforma puntual capaz de producir mejoras inmediatas”, aseveró.
“Su aprobación –aseguró– permitiría aumentar en un 31% la capacidad operativa de los tribunales penales y generaría un ahorro estimado de ₡122,3 millones mediante un uso más eficiente del recurso judicial”.
Ataques y recriminaciones
Anteriores citas convocadas por la mandataria culminaron en escenarios de ataques y cuestionamientos a Aguirre, al fiscal general, Lic. Carlo Díaz, al OIJ y al Poder Judicial.
Incluso, la gobernante recriminó a¡ magistrado Aguirre su tiempo de servicio, 39 años, y le demandó retirarse del cargo.
También en dichos encuentro menudearon los ataques al fiscal general, Lic, Carlo Diaz, quien esta semana fue premiado en Buenos Aires, Argentina, por al agenda norteamericana antidrogas, DEA, por la lucha país que encabeza desde el Ministerio Público contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El reconocimiento trascendió un mes después del histórico golpe del OIJ y la Fiscalía al capturar a Alejandro Arias Monge alias “Diablo”, el fugitivo más buscado del país durante 10 años, por cuyo arresto la DEA ofreció una recompensa de $500 mil.
El expresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, intentó minimizar, sin éxito, el golpe judicial.
