Al Piojo Herrera no lo asustan los “todopoderosos”.
Con esa mentalidad manejará a la Sele para enfrentar este domingo a la archifavorita EE.UU. por cuartos de final en Copa Oro., en el U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota (5 p.m. hora CR).
“Con lo que tenemos, creemos que podemos derrotar al rival”, advirtió horas antes de enfrentar a la escuadra norteamericana.
“Es el cuadro local, pero nosotros venimos a este país con la firme consciencia de llegar a la final”, remarcó Miguel Herrera consciente que va con una Tricolor diezmada sin Manfred Ugalde, Joseph Mora, por tarjetas y Jeitland Mitchell, por lesión.
“Cada partido es diferente y se puede escribir una nueva historia”, desafió el estratega nacional de previo al decisivo choque.
“Nosotros nos fijamos en los que hicieron en otros años (Brasil 2014) y es un techo, pero nosotros estamos enfocados en cambiar la historia”, ratificó.
El OIJ liga a un ministro y a un asesor del presidente Rodrigo Chaves con el exmagistrado Celso Gamboa detenido ante pedido de extradición de EE.UU. por acusación de narcotráfico en Texas.
Así lo informó a Telenoticias el director OIJ, Lic Randall Zúñiga.
“Claro tiene una relación muy, muy estrecha con un asesor directo del presidente de la República, son amigos”, afirmó dicho jerarca al sitio noticioso Portavoz.
“Y también tiene una relación muy, muy directa con un ministro actualmente del gabinete del señor Presidente”, ratificó.
No precisó de quienes se trata ni cual es la relación.
“No le puede responder”, reaccionó Zúñiga cuando se le preguntó si dichos vínculos están bajo investigación.
Son habladurías, dice Presidencia
Casa Presidencial dice que son habladurías y anunció que “pedirá las cuentas correspondientes a los funcionarios en el momento en que Randall Zúñiga tenga la valentía de decir los nombres de dichas personas”.
“Ni el mandatario ni Casa Presidencial responden a chismes, insinuaciones, o habladurías como las expresadas por Zúñiga”, añadió un comunicado oficial la tarde de este viernes.
El presidente Chaves negó el miércoles haber tenido algún contacto con Gamboa.
“Que por cierto, a quien yo no conozco, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo ni conocía”, remarcó el mandatario ante el escándalo.
Escándalo puso al gobierno contra las cuerdas
El escándalo del exmagistrado y exministro Ganboa tiene al gobierno contra las cuerdas.
En la mira está la efectividad de la gestión oficial en la lucha contra carteles narco internacionales (colombianos y mexicanos) ante denuncias de descenso de hasta 50% en los decomisos de cocaína en los últimos tres años.
Por decisión oficial, Seguridad cerró en 2023 una base naval en Drake, Osa, zona sur, por donde la DEA estima cruzan unas 500 toneladas anuales de cocaína. La base fue construida con respaldo de la embajada de EE.UU.
Altos mandos de Seguridad justificaron la decisión en que las altas mareas en la zona impedían operaciones de embarcaciones policiales, lo cual fue rebatido por exjerarcas de Guardacostas.
Además, el presidente Chaves prometió que por la terminal portuaria APM Terminal, Moín, no saldría un gramo más de cocaína hacia Europa y los decomisos en puertos europeos superan las 5 toneladas.
Trabajo con DEA
“La mejor estrategia que vimos, ante todas estas tácticas evasivas que muy probablemente iba a hacer este sujeto, era hacer este trabajo en conjunto con la DEA para poder ponerlo como un extraditable y que cumpliera esa eventual condena en Estados Unidos y que eso abriera un abanico de información si suministra datos para conseguir una disminución de la pena” dijo el jerarca OIJ sobre la detención de Gamboa de 48 años, quien también fue ministro de Seguridad en 2015.
“Celso tuvo una carrera meteórica dentro del Estado costarricense, se involucra en un tema de posible corrupción por el caso del ‘cementazo’ chino, que valga decir el OIJ lo investigó ahí e igualmente con el caso de tráfico de influencias con un político nacional y una exfiscala subrogante”, agregó Zúñiga al telenoticiero.
Celso Gamboa reveló a DEA ayuda desde este gobierno para traficar cargamentos de cocaína por el Atlántico y el Pacífico
El exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, reconoció a informantes confidenciales de la DEA que contaba con ayuda de autoridades de este gobierno desde 2023 para traficar cargamentos de cocaína por el Atlántico o el Pacífico.
Así lo revela información de un extracto de la acusación de la DEA dada a conocer por el sitio CR Hoy.
“Alrededor del 20 de setiembre de 2023, las autoridades policiales grabaron, con consentimiento previo, reuniones entre la Fuente Confidencial 1 (en adelante, «CS-1»), la Fuente Confidencial 2 (en adelante, «CS-2») y el señor GAMBOA SÁNCHEZ en San José, Costa Rica. El imputado hizo varias declaraciones en las que confirmó que podía garantizar la recepción de la cocaína que llegara a través de la costa atlántica o la costa pacífica de Costa Rica. El señor GAMBOA SÁNCHEZ les dijo a CS-1 y CS-2 que el gobierno concede a la DTO el acceso para que los cargamentos de cocaína ingresen al país, pero que la DTO controla cómo se introduce la cocaína a Costa Rica, así mismo, les dijo a CS-1 y a CS-2 que la recepción de la cocaína está 100 % garantizada. Durante la reunión, el señor GAMBOA SÁNCHEZ le informó a CS-1 y CS-2 que su nombre completo era «CELSO GAMBOA SÁNCHEZ» y que solía ser «comisionado antidrogas de este país», pero que renunció al cargo. El señor GAMBOA SÁNCHEZ declaró además a CS-1 y CS-2: “Fui Director de Inteligencia en Costa Rica y Ministro de Seguridad y Control de Drogas”. Las autoridades policiales estadounidenses confirmaron que el señor GAMBOA SÁNCHEZ anteriormente ocupó el cargo de Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica.“, cita el documento de las autoridades norteamericanas.
No hay reacción del gobierno a las revelaciones.
Durante la presente administración se desplomaron los decomisos de cargamentos de cocaína, lo cual ha sido atribuido a decisiones oficiales como haber cerrado la base de Drake, Osa, zona sur, donde la DEA estima pasan unas 500 toneladas de cocaína anuales.
El exmagistrado Gamboa, una figura política y pública con un ascenso meteórico, fue detenido el lunes por el OIJ al salir de su residencia en Escazú ante gestión de la DEA.
Enfrenta proceso de extradición que aplicaría por primera vez a costarricenses tras una reciente reforma al artículo 32 de la Constitución Política.
También fue detenido en un restaurante en Cahuita, Limón, un individuo alias Pecho de Rata, quien descontó 10 años de prisión, por tráfico de cocaína y salió libre en 2023.
Gamboa quedó detenido en celdas judiciales.
El martes rechazó la posibilidad de extradición voluntaria.
Giro histórico institucional
El exmagistrado Gamboa enfrenta uno de los momentos más complejos en su contra tras una vasta carrera como abogado, pública y privada, desde 1996 que le hizo pasar de conductor de detenidos a fiscal en Limón donde prometió mano dura contra el narco:
2011, fue designado viceministro de Seguridad en la administración Chinchilla Miranda (2010-2014)
2013 asumió la dirección de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
2015, el presidente Luis Guillermo Solís lo nombró ministro de Seguridad
2015, Gamboa pasó a fiscal adjunto del entonces Fiscal General Jorge Chavarría.
el 22 de febrero de 2016, con 39 años de edad, inició funciones como magistrado titular de la Sala III de la Corte Plena.
“Le quería decir que disfrute este momento tan agradable, esos apoyos que usted recibió a veces vuelan y se van, esos apoyos en política probablemente valen lo que una marqueta de hielo a medio día y duele decir que en política ni siquiera amistades hay”, le dijo en un mensaje de bienvenida el magistrado Fernando Cruz Castro, según reseña de La Nación. Ver informe adjunto
El 19 de abril 2018, la Asamblea Legislativa lo destituyó por faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones como magistrado.
Un total de 39 diputados votaron la destitución y solo se abstuvieron los diputados Otto Guevara Guth y Aracelli Segura.
Por primera vez extraditarían a ticos
Sería la primera vez que se extradita a costarricenses a EE.UU. por cargos narco bajo el artículo 32 de la Constitución Política que autoriza extraditar a ticos de nacimiento o nacionalizados, encausados en el extranjero por terrorismo o narcotráfico.
La modificación constitucional fue aprobada –por unanimidad– el 15 de mayo como parte de un paquete de reformas legales tramitadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial pese a una fuerte fricción con el Poder Ejecutivo.
El presidente Rodrigo Chaves retiró la representación del Ejecutivo de la comisión interpoderes que promueve reformas legales para enfrentar la ola de criminalidad.
La decisión del mandatario se dio en medio de un fuerte choque con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y, también, en intensa fricción con el Fiscal General, Carlo Díaz, y el director general el OIJ, OIJ, Randall Zúñiga.
Chaves torpedeó pero no pudo evitar la cuarta elección de Arias a la Presidencia el Congreso el 1º de mayo anterior.
Además, decidió no nombrar sustituto en el ministerio de la Presidencia mientras Arias ejerciera la presidencia legislativa.
30 casos calientes en la mira
El ministerio de Seguridad estima que hay unos 30 casos de extranjeros –colombianos y venezolanos– que adquirieron residencia en el país y tienen cuentas pendientes por narco y terrorismo en EE.UU.
Se trataría de operadores narco de alto poder pero de muy bajo perfil en el país, según las autoridades.
Dichos sospechosos adquirieron la nacionalidad tica al casarse por la vía exprés con ticas.
La nueva ley que permite extraditar a ticos fue alabada por diplomáticos de EE.UU.
«Con la firma de esta reforma Costa Rica da un paso histórico para permitir extraditar a ciudadanos costarricenses en casos de narcotráfico y terrorismo, esta decisión demuestra un fuerte compromiso con la justicia seguridad y colaboración internacional», destacó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, Michael Flores.
“Esta reforma abre la oportunidad en la lucha contra la redes criminales internacionales y la fuerza de nuestras autoridades para trabajar de forma mas eficaz. Es una herramienta clave y una señal de confianza y responsabilidad entre nuestros países”, añadió el aquel momento el diplomático estadounidense.
Celso Gamboa, el juez acorralado/Especial La Nación
“Una vez que usted ya tiene al crimen organizado controlando el territorio, el siguiente paso es controlar ciertas instituciones, controlar ciertos mecanismos y ahí se empieza a perder realmente la democracia”.
Con estas palabras la ex Primera Dama Claudia Dobles, aspirante presidencial PAC, advierte que el país está “a un paso” de perder control de zonas territoriales a manos del crimen organizado y del narco.
El siguiente paso, ratificó, es tomar control de instituciones.
“”Es el peligro más claro que tenemos en este momento enfrente”, sentenció durante una amplia entrevista que concedió a este editor el miércoles 25 de junio vía Zoom Facebook Live. Video adjunto
“Creo que lo tenemos que asumir con un sentido absoluto de urgencia”, destacó esta arquitecta de 44 años, esposa del expresidente Carlos Alvarado (2014-2018), quien es la única postulante presidencial PAC para los comicios de febrero 2026, tras la debacle de 2022 que los dejó fuera de la Asamblea Legislativa.
En la entrevista también:
afirmó que en la causa que le sigue la Fiscalía al Presidente Rodrigo Chaves y su círculo cercano por el supuesto financiamiento irregular de la anterior campaña, debe caer todo el peso de la ley, si se cometió algún delito, con el derecho a la legítima defensa de los acusados.
destacó la recién aprobada ley de extradición de nacionales como una herramienta que disponen las autoridades para combatir el crimen organizado y felicitó al OIJ por su intervención.
Especial PuroPeriodismo You Tube
Crimen organizado, narcotráfico: el peligro más claro que tenemos en este momento
–Si usted pudiera decir que le preocupaba más del rumbo que venía o le viene dando al país la administración Chaves Robles durante estos tres años ,¿cuál sería el rubro? ,¿cuál sería el área en que más le preocupa de ese rumbo?
-Posiblemente lo que en este momento más me preocupa es la crisis de seguridad que estamos teniendo y sobre todo que estamos a un paso de empezar a perder el control de nuestro territorio y en algunos casos, sobre todo en fronteras, perder nuestra soberanía. Si nosotros cruzamos una línea con respecto a qué tanto control territorial empieza a tener el crimen organizado y el narcotráfico, retomar eso es muy difícil y, una vez que usted ya tiene al crimen organizado controlando el territorio, el siguiente paso es controlar ciertas instituciones, controlar ciertos mecanismos y ahí se empieza a perder realmente la democracia. Creo que ese es el peligro más claro que tenemos en este momento enfrente. Creo que lo tenemos que asumir con un sentido absoluto de urgencia. Creo que hay acciones que se pueden tomar desde ya. No se requiere ni siquiera que haya un cambio de administración. Creo que la administración actual podría tomar acciones que han sido muy efectivas en otros momentos y le quisiera dar en ese sentido dos ejemplos, para poder retomar ese control territorial en zonas en donde la inteligencia policial y el análisis criminal nos dicen que son las zonas calientes, las zonas más conflictivas: se puede generar presencia estratégica policial mediante, por ejemplo, los mecanismos que se usaron en la administración pasada, como los megaoperativos, muy efectivos, muy eficientes para tomar control de territorio. Eso se puede hacer ya. Eso se hizo. Se hizo de manera muy eficiente. Se decomisaban cualquier cantidad de armas en cada uno de los megaoperativos. Se adentraba la presencia policial en zonas en donde el crimen organizado estaba generando dinámicas y entonces se podían disolver esas dinámicas de redes criminales. Tenía un impacto muy significativo también en las comunidades que ven presencia policial. Eso se puede retomar inmediatamente y, para mejorar la inteligencia policial que hace que esos megaoperativos sean más eficientes, hay que robustecer la capacidad de coordinación entre las diferentes fuerzas policiales. En vez de estar poniendo las fuerzas policiales a pelear, lo que tenemos que hacer es más bien robustecer los mecanismos de coordinación entre ellas para que puedan centralizar mejor la inteligencia policial y tener un mejor impacto en el territo donde se requiere. Esas dos acciones no necesitan nada más que voluntad política. Eso se puede hacer ya. Pero aparte de eso creo que necesitamos incrementar la cantidad de oficiales de policía que tenemos. Costa Rica en este momento cuenta con aproximadamente catorce mil policías pero esos policías no están desplegados al mismo tiempo en el territorio, tienen dos turnos. Entonces aproximadamente tenemos siete mil policías desplegados por turno, eso es muy poco. Nosotros quisiéramos aumentar la cantidad del personal de policía por lo menos en cuatro mil policías más, aumentar también el equipo de trabajo que se requiere para poder tener ese control territorial, muy específicamente enfocado en equipo de seguridad para los policías, chalecos, armas, pero también motos y patrullas, pero, por otro lado, necesitamos también modernizar todo el sistema de seguridad, llevarlo literalmente al siglo veintiuno. Realmente el problema de seguridad que tiene Costa Rica es un problema de crimen organizado y narcotráfico muy fuerte y eso se ataca de una manera completamente distinta. Parte de las estrategias que el crimen organizado usa son mecanismos tecnológicos y herramientas tecnológicas que les permiten controlar mejor el territorio y mejorar las rutas de narcotráfico. Nosotros necesitamos que nuestras fuerzas policiales también tengan ese tipo de tecnología. Veo que don Randall Zúñiga (director OIJ) hablaba de que se requieren software para generar ese control esos mecanismos de seguimiento, esos mecanismos de rastreo, se requiere tecnología. Nosotros apostaríamos por incorporarle a las fuerzas policiales tecnología que las lleve literalmente al 2025, sensores, radares, análisis de datos, también drones, mucho del control territorial que se puede hacer en este momento se puede con drones sin poner en peligro la vida de nuestros policías, sobre todo en zonas que son complicadas de acceder, también imágenes geoespaciales que nos pueden dar un mejor entendimiento en algunas zonas en donde puede también ser de difícil acceso cómo se está moviendo el crimen organizado y qué tan porosas son nuestras fronteras. Creo que eso es lo que hay que atacar de raíz y por último, y no menos importante, tiene que venir acompañado de una política de inclusión social, una política de prevención, que le permita a las personas en diferentes comunidades tener una oportunidad digna de trabajo digno y un futuro esperanzador y que no sean víctimas y que no sean capturados por el crimen organizado a falta de oportunidades.
–¿Cuánto afecta una estrategia como esta, el choque frontal del Presidente de la República con instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República que ha sido desde el primer día en esta administración?
-La división en coordinación de las fuerzas policiales a los únicos que les beneficia es al crimen organizado. Que nosotros no tengamos un Ejecutivo trabajando de la mano con el Poder Legislativo y Judicial para hacerle frente a este desafío, a este peligro que tenemos enfrente, a los únicos que les beneficia es al crimen organizado y ciertamente ningún poder de la República va a poder afrontar esto solo. La Asamblea Legislativa requiere modernizar leyes. Eso es importantísimo. Se requiere hacer una revisión de las leyes existentes. Creo que hay leyes que hay que hacerlas nuevas y en algunos casos hay que llevarlas a la realidad de las dinámicas criminales del 2025 y pensar a futuro en lo que va a estar pasando ya en el 2030, 2040, 2050. El Poder Ejecutivo tiene que accionar con lo que existe al día de hoy y trasladarle las necesidades de modernización a nivel legal a la Asamblea Legislativa pero eso requiere que haya una conversación entre los dos poderes de la República y, por supuesto, que ambos tienen que apoyar al Poder Judicial, no solamente para que el Poder Judicial se modernice, sino también para poder mejorar y eficientizar los procesos y mejorar la capacidad de los organismos de atender y luchar contra el narcotráfico.
Extradición de ticos: una herramienta más contra el narcotráfico
–¿Cómo valora, reflexiona ante el anuncio del pedido en extradición de un exmagistrado y exministro de Seguridad por parte de Estados Unidos?
-De entrada a decir que quisiera hacer un reconocimiento del excelente trabajo que ha hecho el Organismo de Investigación Judicial en todo este proceso. Creo que hay que dotarlos de mejores herramientas. Hay que dotarlos de tecnología para que puedan realmente hacerle frente a este a este enemigo que realmente nosotros tenemos en común que es el crimen organizado. Me parece muy lamentable y, creo que aquí hay banderas rojas de como la institucionalidad tiene que generar mejores mecanismos para poder detectar personas que estén realmente en en malos pasos y que están literalmente infiltradas y me parece muy bien que ya exista una herramienta más como el mecanismo de extradición y como esa hay que generar muchas otras desde la Asamblea Legislativa para apoyar esta lucha contra el narcotráfico.
–Este anuncio de los pedidos de extradición iniciados esta semana por parte de agencias de Estados Unidos, ¿lo ve como un paso crítico por parte de Costa Rica en esta lucha en este esfuerzo por combatir el crimen organizado?
-Me parece que es valioso, sí. Me parece que le da a nuestro Poder Judicial y al OIJ un mecanismo más para poder luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y también es un mecanismo más para que una vez que se puedan capturar personas que han estado involucradas en este tipo acciones que puedan ojalá declarar y decir todo lo que saben para poder erradicar eso, sí es que existe, dentro de la institucionalidad y también dónde están las células criminales fuera y me parece que es un mecanismo también que puede ayudarle al Organismo de Investigación Judicial a obtener información.
Acusación de la Fiscalía contra Presidente y círculo cercano: debe caer todo el peso de la ley, si hay delito
–Otra noticia que ha impactado en las últimas semanas al país, a la opinión pública, ha sido los anuncios por parte de la Fiscalía de acusaciones contra el Presidente de la República y su círculo inmediato, el vicepresidente, la diputada jefa de fracción y otros tres diputados en el marco de investigaciones por el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral anterior. Ustedes vivieron enfrentaron procesos parecidos por causas diferentes, hechos diferentes en la Presidencia de la República,¿cómo valora ese accionar del Poder Judicial y de la Fiscalía?
-Muy bien. Me parece que esa investigación tiene que seguir adelante y le tiene que caer el peso de la ley a todas las personas que hayan cometido un delito, en el caso de que así sea. Me parece que se debe de poner toda la información que se requiera para que la investigación pueda llevar su curso y, por supuesto, que las personas que en este momento están acusadas también tienen derecho a su legítima defensa. Pero me parece que el proceso debe seguir, debe continuar y, si hubo ahí un crimen, si hubo ahí un delito, pues tiene que haber consecuencias para las personas que lo cometieron.
–Ustedes vivieron de primera mano las experiencias de allanamientos, de decomisos de teléfonos, de intervenciones de las autoridades judiciales en Casa Presidencial, ¿son excesos por parte del Poder Judicial como lo critica, cuestiona y fustiga la Presidencia de la República?
-Creo que cualquier persona que esté en la función pública tiene que tener balance y autocontención. Los balances y la autocontención en las acciones siempre serán importantes. Eso eso es un criterio que es difícil de medir, ¿qué tanto se hace? y cuando no se hace. Creo que tiene que haber una sana valoración de cuando se llevan acciones, cómo llevarlas a cabo. Y también cómo se hace, cuáles son los procedimientos. Todo tiene que estar apegado, todo tiene que estar apegado y justificado bajo la legalidad. Si eso se hace de esa manera, pues creo que el Poder Judicial y cualquiera sus departamentos o organizaciones tiene todo el derecho de hacer las intervenciones que correspondan y tiene todo el derecho de hacer los allanamientos que correspondan siempre apegado a la legalidad.
–Como ciudadana y como parte de la anterior administración, ¿ve lógica la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía en este momento o ve arbitrariedad?
-No, yo creo que ellos están llevando una investigación y creo que esa investigación siempre que esté apegada a los procesos y protocolos legales pues tiene que ir adelante y se tiene que poner toda la información como corresponde y ojalá ponerse a disposición para que la investigación siga su curso.
Recorrido escuelas en San José Desamparados ,Alajuelita y Escazú, elecciones presidenciales.Escuelas García Monge en Desamparados;Escuela Abraham Lincoln en Alajuelita y Escuela República de Venezuela Escazú centro.En la foto:Escuelas García Monge en Desamparados.Fotos/Anel Kenjekeeva
Edgar Fonseca, editor
El Tribunal Supremo de Elecciones acogió un recurso de amparo electoral contra el presidente Rodrigo Chaves, y le prohibió hacer manifestaciones o actos que beneficien o afecten a cualquiera de los partidos, candidaturas, precandidaturas, tendencias o movimiento político, con miras a las elecciones de febrero 2026.
Sus mensajes afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía a un sufragio libre, advirtió el ente electoral.
Según la resolución, n° 4259-E1-2025 del 24 de junio de 2025, el mandatario deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que incida en la libre determinación de los votantes. Tendrá prohibido realizar cualquier manifestación o acto que pueda beneficiar o afectar a cualquiera de los partidos, candidaturas, precandidaturas, tendencias o movimiento político que aspire a contender por cargos de representación en los comicios de 2026.
Así lo resolvió ante un recurso del analista y candidato presidencial Claudio Alpizar Otoya.
El señor Chaves Robles aprovechó ilegítimamente su investidura y la preponderancia de su imagen para favorecer un programa político específico, lo cual afecta negativamente los intereses de otras plataformas partidarias que se presentan como alternativas de oposición, destacó el TSE, comunicado adjunto.
TSE declara con lugar amparo electoral contra Presidente Chaves
En decisión unánime determinó que hubo lesión a la libre determinación de los votantes y al sufragio pasivo por afectación a la equidad electoral.
La sentencia no se pronuncia sobre las denuncias por supuesta beligerancia política porque esos casos se tramitan en otros expedientes.
San José, 26 de junio de 2025. En resolución n° 4259-E1-2025 del 24 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar el recurso de amparo electoral cursado a partir de una gestión presentada por el señor Claudio Alpízar Otoya el 25 de marzo pasado. Puntualmente, en lo que corresponde a materia amparable, el recurrente reclama que la autoridad recurrida ha construido “una narrativa que favorece a un sector o partido específico”, lo que no solo afecta su derecho a un proceso electoral equitativo, sino que, además, mina la confianza ciudadana en el sistema electoral. Según aduce, si se admiten acciones y conductas como las llevadas a cabo por el señor Chaves Robles, se legitima una ventaja ilegal en la competencia electoral al tiempo que se vulnera la garantía de neutralidad en el ejercicio del poder político. En suma, se alega una lesión a los derechos fundamentales de libertad del sufragio y del derecho al sufragio pasivo.
El TSE concluye que, con su accionar y, en concreto, con la expresión de las manifestaciones que han sido objeto de examen en el presente asunto, el señor Presidente de la República incurrió en actuaciones que, por su carácter reiterado y su innegable gravedad, afectaron derechos fundamentales del amparado, de manera directa, y del electorado, en forma refleja, en específico los derechos a la libertad del sufragio y al derecho de sufragio pasivo por alteración de la equidad de la contienda electoral.
En el pronunciamiento se reiteró una postura jurisprudencial de más de una década según la cual hay mensajes que, por su contenido, intensidad, reiteración y por el perfil de la persona que los emite, afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía a un sufragio libre. El señor Chaves Robles aprovechó ilegítimamente su investidura y la preponderancia de su imagen para favorecer un programa político específico, lo cual afecta negativamente los intereses de otras plataformas partidarias que se presentan como alternativas de oposición. La resolución, además, precisa que la legítima rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el accionar del gobierno, no requiere las manifestaciones concretas y reiteradas en las que se evidencia una intención de persuadir a las personas para que tomen una postura político-electoral específica.
La sentencia previene al señor Presidente de la República que deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que incida en la libre determinación de los votantes. Tendrá prohibido realizar cualquier manifestación o acto que pueda beneficiar o afectar a cualquiera de los partidos, candidaturas, precandidaturas, tendencias o movimiento político que aspire a contender por cargos de representación en los comicios de 2026.
No hay sanciones específicas para el Presidente de la República: la declaratoria con lugar de un recurso de amparo electoral lo que hace es reconocer que la Autoridad recurrida violó derechos fundamentales de la ciudadanía y giran instrucciones para que esto no vuelva a ocurrir, como lo es la prevención realizada en la parte dispositiva de la sentencia.
Este asunto ha sido calificado, en medios de comunicación y por las mismas partes, como un “recurso de amparo electoral por beligerancia política”, pero esa terminología es errónea. El amparo se tramita para determinar si existe una amenaza o una violación a un derecho fundamental político-electoral, no una eventual conducta constitutiva de beligerancia política. Lo resuelto en este amparo no supone un adelanto de criterio en relación con otros procesos como las denuncias supuesta beligerancia política en contra del señor Chaves Robles que se tramitan en otros expedientes.
Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa
El exministro de Seguridad y actual director DIS, Jorge Torres, confirmó hoy ante diputados que en 2023 recibió en su despacho al exmagistrado Celso Gamboa, detenido y pedido en extradición por EE.UU. por causa de narcotráfico que le siguen en Texas.
También estuvieron en el encuentro otros dos individuos detenidos por caso narco, uno de los cuales descontó prisión en EE.UU. y reside en el país por matrimonio con nacional.
En el encuentro con el exmagistrado y los otros dos sujetos, según dijo ante los legisladores, recibió peticiones que rechazó y sintió una amenaza hacia un familiar directo, por lo que comunicó el asunto al presidente Rodrigo Chaves, a quien pidió protección especial a su persona.
Torres, director de la Dirección de inteligencia y Seguridad, hizo sus manifestaciones ante diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Fue relevado como ministro tras un disparo incontenible de homicidios por vendettas narco que llevó al país a una cifra récord en 2023.
Lo sustituyó Mario Zamora.
Dice que él abrió caso de Celso ante la DEA
Según su versión, fue él quien abrió ante la DEA el caso contra el exministro y exmagistrado Gamboa preso desde el lunes bajo una medida cautelar de dos meses de prisión preventiva mientras se tramita el expedienté de la extradición que requiere EE.UU.
“Fui yo, con la DEA, quien personalmente abrí el caso sobre Celso Gamboa”, ratificó ante los legisladores.
Junto a Gamboa, el OIJ detuvo el lunes en Cahuita, Limón a un exconvicto narco alias Pecho de Rata, contra quien la DEA también solicita su extradición.
Uno de los que llegó con Gamboa al encuentro fue identificado como de apellidos Estupiñán Montaño, alias Pecueca.
Este fue detenido en noviembre del 2023 al vincularlo las autoridades con una red ligada al narcotráfico, el lavado de activos y a cometer homicidios.
De 42 años, originario de Buenaventura, Colombia, Pecueca obtuvo residencia en 2005 tras casarse con una nacional. Llegó a residir en el país tras descontar pena de prisión en EE.UU.
Las autoridades lo vinculan a las FARC y al Cartel de Sinaloa.
Junto a su hermano están presos en el país por el denominado caso Piazza, destapado en noviembre 2023, con la captura de varios sospechosos de una red dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y al menos tres asesinatos.
Rechazó peticiones y sintió amenaza
Tras el encuentro con Gamboa y los otros dos individuos, Torres dijo que informó al presidente Rodrigo Chaves de la amenaza que percibió hacia un familiar directo.
Pidió protección de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la cual fue autorizada por el mandatario.
La audiencia con el exministro Torres fue declarada privada por los diputados a pedidos de Gilberto Campos, PLP.
