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El problema no son los impuestos que impondrían a los fondos internacionales sino su impacto en el último bastión de la democracia en El Salvador, dicen especialistas a DW.
“La detención de Ruth López y la ley de agentes extranjeros son hechos inseparables: son mensajes del Gobierno de Nayib Bukele”, cuenta a DW Noah Bullock, director de Cristosal, organización pro derechos humanos de El Salvador. Ruth López es abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal. Su detención y la aprobación de esa ley han levantado la protesta internacional.
“Lo que nos quieren decir es que no van a permitir una ciudadanía activa que tenga la capacidad de expresar opiniones que diverjan de la oficial, de la del presidente”, agrega. Apenas dos días después de la captura de la conocida activista -incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC-, la asamblea salvadoreña aprobaba la ley de agentes extranjeros.
¿Garantizar la transparencia o asegurar el control?
Según información oficial, esta ley tiene por objetivo garantizar la transparencia de los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, para evitar que se utilicen con fines políticos. Estas donaciones, pagos o cualquier otro tipo de fondos serán gravados con un 30 por ciento. Este tipo de impuesto, según fuentes europeas, no tiene precedente en ninguno de los otros países que cuentan con leyes similares: en la región, Nicaragua y Venezuela.
“Esta ley transgrede el derecho de libre expresión, de libertad de asociación y también la libertad de prensa”, explica a DW Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.
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