Edgar Fonseca, editor/Fotos Confidencial, Managua

La dictadura de Daniel Ortega se sostiene sobre la operación de “escuadrones de la muerte” compuestos por exmilitares, expolicías, pandilleros que cuentan con la complicidad del ejercito, denuncia un informe especial del sitio Conbfidencial de Managua.

“La gente en cada barrio sabe quién es paramilitar. Son sus vecinos, los tricicleros, trabajadores de las alcaldías, exguerrilleros o expolicías”, afirmó al sitio ‘Claudio’, un oficial activo de la institución policial.

Dicho oficial es policía profesional. Le tocó estar el 18 de abril de 2018 en Camino de Oriente, el primer día de la protesta ciudadana que dio paso a una rebelión cívica, reprimida con violencia, dejando 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este oficial decidió hablar con Confidencial bajo la condición de anonimato, pues si revela su identidad su vida estaría en peligro.

El oficial –asegura Confidencial– conoció sobre los operativos efectuados por la Policía en la Operación Limpieza, que incluyó a los grupos paramilitares: sujetos armados con fusiles de guerra de alto calibre que actuaron bajo la organización de la Policía y que también fueron apoyados, según este agente, por exmilitares y efectivos activos que se vistieron de civil para no ser identificados.

Los Tapir y militares activos

De acuerdo a la versión de ‘Claudio’, al no dar abasto con los efectivos policiales, “el Gobierno reactivó a su vieja militancia”, es decir, a los exguerrilleros, y también “sacó a las calles” a la brigada de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (Tapir), que tienen entrenamiento y formación militar.

Complicidad del ejército

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, exiliado en San José, denunció la complicidad del ejército con los “escuadrones de la muerte”.

“Bajo el mando del general Julio César Avilés, el Ejército de Nicaragua se ha convertido en un instrumento cómplice de la represión, al actuar como una extensión de la dictadura del Estado-Partido-Familia”, afirmó Chamorro.

“Bajo el mando de Avilés (actual jefe)  nunca ese mismo Ejército se ha atrevido a actuar en contra de los parapoliciales del presidente Ortega que operan a la vista pública en las ciudades con armamento de grueso calibre”.

“Hasta ahora ningún paramilitar ha sido detenido o se encuentra bajo proceso de investigación, por los crímenes perpetrados antes, durante y después de la fatídica “Operación Limpieza”. El Gobierno pretende cobijarlos bajo una autoamnistía, que ha sido dictada con la pretensión de dejar estos crímenes en la impunidad. Una amnistía que ha sido recurrida por inconstitucionalidad por las Madres de Abril y los familiares de las víctimas de la represión, con la plena convicción de que más temprano que tarde, en Nicaragua prevalecerá la verdad y la justicia sin impunidad ante crímenes que son imprescriptibles”, sostiene Chamorro.

“El desarme de estos grupos armados y su sometimiento ante la justicia, incluyendo a sus líderes y promotores, es condición sine qua non, para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones libres, transparentes y competitivas, y para crear las condiciones de una futura reforma policial. De lo contrario, la Nicaragua posOrtega, bajo un nuevo gobierno democrático, será ingobernable con la permanencia de estos grupos armados ilegales, controlados “desde abajo”, agrega.

“Pero, ¿puede el Ejército desarmar a los paramilitares, mientras el general Julio Cesar Avilés sigue siendo el jefe de la institución? La inacción de Avilés le ha costado al país en los últimos quince meses más de 300 muertos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados, y una crisis irreversible de confianza y credibilidad en la institución militar. El Ejército tiene las facultades legales e institucionales para desarmar y desmantelar a los paramilitares. El nudo del problema radica en el sometimiento del general Avilés al caudillo del FSLN y jefe de facto de los paramilitares. Esa es la disyuntiva que enfrenta el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua: hundirse con Ortega, o intentar convertirse, otra vez, en una institución nacional, con una jefatura comprometida a desmantelar las bandas paramilitares”, asevera Chamorro.